La dirección del Partido Socialista Obrero de España (PSOE) insiste en que no permitirá que el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy se perpetúe en el poder, pese a las voces que plantean dejar que siga en el Gobierno para evitar terceras elecciones
MADRID – El Partido Socialista Obrero de España dijo que no va a facilitar la investidura del presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy y, por esta razón, fuentes de la dirección socialista aseveran que el partido no entiende por qué el líder del Partido Popular desea esperar al Comité Federal para llamar al cabecilla de los socialistas, Pedro Sánchez, puesto que su posición va a seguir siendo la misma.
De acuerdo con estas fuentes, el Secretario General del Partido Socialista Obrero de España está dispuesto a reunirse con el líder del Partido Popular, pero le aconseja que, cuando llegue el momento de esa reunión, tenga una mayoría articulada con sus afines ideológicos, debido a que no puede contar con los socialistas para en continuar en La Moncloa.
De hecho, han defendido que no se entiende que, una semana luego de las elecciones del 26 de junio, su única cita política sea con Coalición Canaria. El día de mañana va a recibir en Moncloa al presidente del Gobierno de Canaria, Fernando Clavijo, y al secretario general del partido, José Miguel Barragán.
De esta manera se anima a Rajoy desde Ferraz, a que no dilate más estas negociaciones y a ponerse manos a la obra en la búsqueda de esa mayoría alternativa, en la que los socialistas estiman que debería mirar a Ciudadanos y a formaciones nacionalistas de derecha.
Lo que debe tener claro es que el Partido Socialista Obrero de España y su Secretario General le van a “decir que no”. De esta forma, la dirección socialista ha descartada que vaya a haber cambios importantes en el siguiente Comité Federal, que se va a reunir el próximo sábado por primera vez luego de las elecciones del pasado 26 de junio.
Ese día, Pedro Sánchez se va a dirigir a sus compañeros, luego de haber hablado con los dirigentes territoriales del partido para solicitar su opinión sobre el escenario político abierto luego de los últimos comicios electorales.
Hasta ahora, existe práctica unanimidad entre los socialistas en no facilitar el Gobierno a Rajoy. El único “barón” que se manifestó a su favor para permitir la investidura fue el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que el mismo lunes después de las elecciones generales ha abogado por permitir gobernar al Partido Popular.
En imagen, Pedro Sánchez, secretario general del PSOE / EFE
ANDRÉS TORREJÓN
MADRID – Tras el veredicto de las urnas en España, la incógnita es ahora si el país tendrá por fin Gobierno. El resultado de las segundas elecciones en seis meses refuerza a Mariano Rajoy, a quien muchos daban por acabado en estos comicios, pero en la nueva etapa en la que entró el país en diciembre, ser el más votado ya no es garantía de nada.
«Reclamamos el derecho a gobernar porque hemos ganado las elecciones», proclamó Rajoy al reivindicar su victoria en la medianoche ante miles de seguidores congregados ante el cuartel general del conservador Partido Popular (PP) en Madrid.
La clave está, de nuevo, en el PSOE, que tiene la llave de la gobernabilidad con su apoyo o con su abstención a un gobierno del PP. Y en el apoyo de grupos moderados como pudieran ser PNV o los partidos canarios.
Negociar es la única opción que ahora tiene el país para poder formar un Gobierno sin el que lleva seis meses.
El PSOE pone a su abstención el precio más alto, la única posibilidad que dejan abierta es que de aquí a la investidura Rajoy casi deje de ser Rajoy. «El PSOE no facilitaría el gobierno de Rajoy, no sé si de aquí hasta entonces Rajoy puede variar mucho sus posiciones, su modo de entender la política o incluso estarían dispuestos a aceptar condiciones que hoy por hoy no aceptarían», ha señalado García-Page.
Los presidentes autonómicos socialistas dicen que no van a ser cómplices y advierten que hay líneas rojas que no están dispuestos a pasar. «Nosotros no podemos ser cómplices de políticas de sufrimiento y a partir de ahí yo quiero que España tenga un gobierno y que lo tenga cuanto antes», explica Susana Díaz.
Así que si Rajoy quiere gobierno le toca, dicen, levantarse del sofá, descolgar el teléfono, pero no para llamar al PSOE sino para intentarlo con otros. «Hay una mayoría de derechas en el parlamento y es por ahí lo que debe intentar Rajoy en primera instancia», señala Ximo Puig.
Mientras los líderes regionales socialistas dan su opinión, Pedro Sánchez guarda silencio y en público no se ha pronunciado sobre qué debe hacer el PSOE, su último discurso fue la noche electoral y no admitió preguntas.
Ningún partido obtiene la mayoría para gobernar en solitario y los pactos para formar Gobierno se enfrentan a los mismos vetos que en las pasadas elecciones.
El presidente en funciones del gobierno español, Mariano Rajoy, y el líder socialista, Pedro Sánchez / AFP
MADRID – Seis meses después de unas elecciones que no permitieron a ningún partido formar gobierno, España se halla, de nuevo, ante un bloqueo institucional.
El presidente en funciones y líder del Partido Popular (PP, derecha), Mariano Rajoy, reclamó el lunes el derecho a encabezar el próximo Ejecutivo tras los comicios del domingo. Su razón: los españoles «han hablado» y reforzaron su confianza en el PP, que consiguió 137 bancas, una ganancia de 14 respecto a diciembre.
Empero, ese triunfo es insuficiente pues dejó a los populares muy lejos del número mágico: 176 escaños para tener la mayoría absoluta y poder gobernar solo.
Las legislativas del domingo introdujeron variantes en la representación de los partidos en el Congreso de los Diputados (350 miembros), pero mantuvieron la fragmentación que surgió de la consulta de finales del año pasado y que amenaza con llevar al país a un nuevo impasse.
Al no tener esa cuota, Rajoy sabe que tiene que negociar y ya extendió su mano «para formar ese gobierno que garantice la estabilidad que España necesita».
Luego de una reunión de la dirección de su partido, el presidente confirmó que asumirá la responsabilidad para formar gobierno y se mostró abierto a «hablar con todos» para acabar con el bloqueo, pues una convocatoria a unos terceros comicios sería «algo inaudito e irresponsable».
«Ofrezco mi mano a los partidos moderados para que hagamos juntos lo que nos están pidiendo los españoles. El Partido Popular sigue dispuesto a hablar y a pactar».
«La primera prioridad -dijo- es que se forme gobierno, no podemos estar siempre en una situación como esta, no es bueno para España.
La segunda, de acuerdo con el político conservador, «es que ese gobierno sea estable, con un programa de gobierno pactado para cuatro años».
Sin embargo, las apelaciones de Rajoy no encontraron eco. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE, segunda fuerza política) ha cerrado la puerta a la gran coalición. El líder socialista, Pedro Sánchez, ha traslado a la cúpula de su partido que no piensa acceder a la fórmula propuesta por el PP. Pero, es más, los socialistas han avanzado que no van a apoyar ni a abstenerse en la investidura de Rajoy. Dicen que debe ser el líder del PP quien tome la iniciativa y busque apoyos entre sus “afines, donde no está el PSOE”.
Reclamo de intelectuales argentinos y mexicanos. Dicen que un nuevo sistema de evaluación internacional beneficia a España.
El rey Felipe de España en el Congreso de la Lengua, hace un mes.
MAURO LIBERTELLA
La cuestión es quién dice, con peso legal, que una persona sabe hablar castellano y que sabe hablarlo lo suficientemente bien como para entrar a una Universidad, por ejemplo. Si eso se decide en América o en España. Porque quien pueda certificar este saber manejará también programas de estudio, bibliografía, dinero y poder.
En estos días un grupo de intelectuales, escritores, graduados de Letras y referentes del mapa cultural levantaron una voz de alerta por un acuerdo firmado entre la Universidad de Buenos Aires y el Instituto Cervantes de España –junto con la Universidad de Salamanca y la Universidad Nacional Autónoma de México–, para homologar una nueva certificación del español como lengua extranjera, el SIELE.
¿De qué se trata? En 2001, Argentina creó el CELU, un certificado que examina la habilidad en el uso del castellano, como lo hace el First Certificate en inglés. Argentina era el único país fuera de España que tenía un sistema así. Ahora, el SIELE pretende instalarse como el sistema internacional de la lengua española por excelencia. Quienes lo rechazan dicen que acá hay una pelea por la propiedad de la lengua. España quedaría como el evaluador privilegiado.
Jorge Fondebrider, creador del Club de Traductores Literario de Buenos Aires dice que “el acuerdo deja a los españoles y al Instituto Cervantes en hegemonía absoluta para juzgar lo que es el correcto castellano. Esto significa seguir la norma española y fortificar la marca ‘España’, que es algo que los españoles quieren, porque hay un mercado gigantesco en términos de venta de sistemas de aprendizaje, venta de diccionarios, etc.”.
Leonor Acuña, investigadora y docente que participó en la creación del CELU, dice que ese sistema se toma en 11 países y “es un certificado argentino que dialoga regionalmente. Fue muy de avanzada cuando empezamos. Hay que tener en cuenta que las cuestiones lingüísticas son muy sensibles, porque involucran la identidad de las personas. A mí me interesa cuestionar quién es el dueño de la lengua. Me parece bueno el debate sobre la lengua, no es útil dramatizar tanto algunas decisiones”.
Desde la UBA, Gabriel Capitelli, Secretario de Relaciones Internacionales, sostiene que el SIELE “tiene un perfil panhispánico” porque “contempla las diferentes variantes del español en los distintos países y regiones”. La UBA, dice, “se integra a este grupo de trabajo defendiendo su posición académica a través de los profesores de lengua de la Universidad”.
Según Capitelli, el CELU continúa y su actividad no interfiere con la del SIELE “que tiene una proyección internacional de las universidades de habla española mas grandes y prestigiosas del mundo”. Capitelli cree que el SIELE suma: “No sólo no dificulta, sino que incrementa la posibilidad de integrar investigaciones y nuevos conocimientos sin dejar de hacer nada de lo que se está haciendo; por el contrario, potenciándolo”.
Personas pasan frente a un cartel de protesta contra los partidos políticos en Madrid, Nov. 2015 / Foto: AP Photo/Paul White
MADRID – “Esto va a ser como Borgen”. La frase la pronunciaba una de las personas más cercanas al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la pasada madrugada mientras abandonaba la sede del PP en la calle Génova. De esta manera, hacía alusión a la serie danesa que narra el ascenso al poder de una primera ministra a base de alianzas. Eso sí, en el Partido Popular creen que ellos serán finalmente los vencedores.
España se ha despertado este lunes con una endiablada aritmética parlamentaria. Nadie sabe quién vivirá en La Moncloa dentro de unos meses o, incluso, si habrá que convocar unas nuevas elecciones. Los principales actores son el PP (123 diputados), PSOE (90), Podemos (69) y Ciudadanos (40).
Las cúpulas de los partidos se han reunido para analizar lo sucedido y empezar a perfilar sus estrategias de cara a la constitución de las Cortes, que se celebrará el próximo 13 de enero. Y ya se han empezado a emitir señales sobre la formación de Gobierno. A pesar de la bruma que envuelve ahora el futuro, en casi todos los partidos miran especialmente al PSOE, que tendrá un papel clave.
RAJOY SE AFERRA AL PODER
Tras perder 63 escaños y millones de votos, Rajoy ha convocado a la plana mayor del Partido Popular en la sede de la calle Génova. El presidente ha trasladado a los suyos que es la hora de la “responsabilidad” y de la altura de miras. El líder popular quiere conservar La Moncloa y considera que tiene la legitimidad de ser el partido más votado.
La intención de Rajoy, según ha confesado ante los periodistas, es buscar un Gobierno “estable” que dé certidumbre dentro y fuera del país. Para ello tiene previsto mantener contactos con otros partidos para intentar ganar los votos que necesita para la investidura.
Por ahora busca discreción para preparar esas reuniones y no ha querido citar a las formaciones que tiene en mente. Lo que sí ha comentado es que intentará seducir a aquellos que comparten el orden constitucional y que defienden la unidad de España, lo que apunta directamente a Ciudadanos y al PSOE.
Rajoy habló con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, después de conocer los resultados electorales y también se ha mensajeado con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. El candidato de Podemos, Pablo Iglesias, le mandó otro mensaje con una pregunta, ha añadido el presidente en funciones sin dar más información.
Para el fin de gobernar, Rajoy va a abrir una ronda de contactos con varios partidos y lo hará “con generosidad”. Por el momento el presidente ni se plantea la posibilidad de ofrecer un Ejecutivo del PP que no esté presidido por él, ha explicado. Para el candidato popular, es la hora de la “responsabilidad y del sentido de Estado”. Además España no se puede permitir, en su opinión, una “parálisis”. Con este mensaje quiere captar claramente a C’s y al PSOE, que siempre han presumido de ser partidos de Estado.
Está en juego el futuro del partido y el suyo. Los intentos de descabalgar al presidente no solo llegan desde fuera. En la reunión que ha celebrado el Comité Ejecutivo Nacional del PP, el expresidente José María Aznar le ha pedido que convoque un congreso abierto para renovar la dirección del partido. Rajoy ha contestado que se celebrará el cónclave -que se había retrasado por la celebración de las elecciones- y ha revelado que se presentará. Todavía no hay fecha.
EL ENIGMA SOCIALISTA
En este panorama sin precedentes en España están todos pendientes del PSOE. En Sánchez recae la responsabilidad de dejar gobernar al PP o intentar formar una mayoría de izquierdas alternativa si fracasa Rajoy. Por el momento hay una cosa clara: votará ‘no’ a la investidura de Rajoy.
El ‘número dos’ del partido, César Luena, ha avanzado la postura de Ferraz ante esa votación. Lo que no ha querido aclarar es qué haría el PSOE si los populares presentan otro candidato o si tiene intención de pactar con más fuerzas para llegar a La Moncloa en caso de que Rajoy falle. Esto debería incluir un acuerdo con varios actores como Podemos, IU y nacionalistas.
Esta mayoría alternativa incomoda a un amplio sector del PSOE. ¿Por qué? Desde Podemos ya han condicionado un pacto a la celebración de un referéndum de independencia en Cataluña. Eso chocaría con la posición mantenida hasta ahora por los socialistas, que defienden una reforma federal de la Constitución.
Tres importantes federaciones del PSOE ya han dejado ver su negativa a una coalición con los morados. Los socialistas andaluces se han expresado a través de su ‘número uno’ en la lista por Sevilla, Antonio Pradas, que también es el secretario de Política Federal del PSOE. Él ve casi imposible un acercamiento por esta cuestión, ya que la visión de España de los dos partidos es muy “diferente”.
Desde Extremadura, el presidente autonómico, Guillermo Fernández Vara, se ha unido a la tesis de Susana Díaz. «El PSOE no puede alcanzar pactos con nadie que defienda la independencia de Cataluña o la autodeterminación de los pueblos de España”, ha sostenido. En una línea parecida ha hablado el líder de los socialistas en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha sentenciado: «No vamos a buscar pactos complejos ni pastiches de ningún tipo».
Como le pasa a Rajoy, Sánchez tiene también que jugar en dos campos: en casa y fuera. La dirección ha confirmado que el congreso que debe celebrarse próximamente se hará después de que se solucione la investidura. Además, como Rajoy, el candidato del PSOE también ha señalado que concurrirá para seguir al frente del partido.
LAS CONDICIONES DE PODEMOS
En caso de intentar llegar a La Moncloa, el PSOE debe contar con Podemos. Iglesiasha lanzado dos mensajes nítidos este lunes. Por un lado, no va a permitir un Gobierno del PP “ni por activa ni por pasiva, ni con votos a favor ni con abstención”, A la vez, ha condicionado cualquier tipo de acuerdo con el PSOE a que respete la “plurinacionalidad” de España y asuma el derecho a decidir. Este mensaje ha ganado fuerza entre los morados después de los buenos resultados obtenidos en Cataluña y País Vasco -donde se han convertido en la primera fuerza-.
El candidato de Podemos ha cargado en Sánchez toda la responsabilidad de que haya un Ejecutivo conservador. «Los que mandan en el PSOE están diciendo que hay que entregar el gobierno al PP», ha insistido, despertando así el fantasma de la gran coalición. Iglesias ha pedido una reflexión “constituyente” y que no haya prisas por parte de los “trileros”.
RIVERA APUESTA POR UN GOBIERNO DEL PP EN MINORÍA
No hay tres sin cuatro ya. Ciudadanos se ha reunido este lunes para analizar los resultados, que no han cumplido con sus expectativas. De cara a los próximos meses, Rivera se ha decantado por la fórmula de un Gobierno del PP en minoría. Está dispuesto a permitir que Rajoy comience la legislatura, pero no entraría en un Ejecutivo de coalición.
De este manera, Ciudadanos se sitúa ya en la oposición. Rivera ha dicho que es la hora de que el PSOE se moje y diga qué va a hacer. Según el líder de Ciudadanos, los socialistas solo podrían llegar al poder a través de un Gobierno “inviable” en el que habría hasta once partidos. Esto no le gusta nada y más después de la experiencia del tripartito en Cataluña, ha reconocido.
Todos coinciden en que España ha iniciado una nueva época política. Lo que nadie sabe es quién será el presidente. La Moncloa busca inquilino.
La fragmentación del voto evitó que el gobernante Partido Popular (centroderecha) mantuviera una mayoría absoluta en el Parlamento como sucedió en los últimos dos comicios generales -y un bipartidismo desde 1982.
Un seguidor del Partido Popular (PP) en Madrid, España / Bloomberg
MADRID (EFE) – El bipartidismo en España quedó sepultado. Si bien el Partido Popular (PP), que encabeza Mariano Rajoy, fue el ganador de los comicios generales de este domingo, la fragmentación del voto ciudadano evitó que la derecha mantuviera una mayoría absoluta en el Parlamento como sucedió en los últimos dos comicios generales —y un bipartidismo desde 1982. Tras el ejercicio electoral, los partidos tradicionales deberán pactar con una nueva generación de políticos emergidos desde los movimientos sociales.
PP y PSOE seguirán siendo, por ese orden, las dos primeras formaciones en el nuevo Parlamento español, pero a costa de una auténtica sangría de votos y escaños que ha sido aprovechada por dos fuerzas emergentes muy críticas con la “vieja política”, el izquierdista Podemos y el centrista Ciudadanos.
A partir de este momento la partida en España no se jugará ya a dos, sino a cuatro, y serán necesarios pactos entre tres o más fuerzas para asegurar la gobernabilidad de un país que se enfrenta a un doble reto: la consolidación del crecimiento económico y el pulso planteado por el independentismo en Cataluña, una de sus regiones más ricas.
La incertidumbre proviene del hecho de que ninguno de los dos grandes partidos ha logrado esta vez una mayoría holgada para gobernar.
Descartada de antemano una “gran coalición” a la alemana, el escenario se complica porque ninguna de las dos hipotéticas alianzas, la del Partido Popular con Ciudadanos o la del PSOE con Podemos, llega tampoco a la mayoría absoluta.
En su discurso de agradecimiento ante millares de simpatizantes, el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, aseguró que, pese a lo insuficiente de su victoria, intentará formar gobierno, porque el PP ha sido con todo la fuerza más votada, y ha superado en casi siete puntos a la segunda, los socialistas.
“España necesita seguridad, estabilidad, certidumbre y confianza”, aseguró Rajoy en su comparecencia desde el balcón de la sede del PP en el centro de Madrid, y anunció que en la nueva etapa que se abre en el país será necesario “dialogar mucho y llegar a acuerdos”.
A pesar de los sacrificios y recortes provocados por la grave crisis económica, los españoles volvieron a dar la victoria al Partido Popular (PP), pero con una representación parlamentaria de sólo 123 escaños, muy reducida respecto a la mayoría absoluta de 186 que logró en las elecciones anteriores de 2011.
Rajoy había basado su campaña casi exclusivamente en el éxito de su gestión económica, que permitió a la cuarta economía de la zona euro esquivar un rescate casi seguro en 2012 y la ha convertido en una de las que más crece actualmente del bloque europeo.
Pero una cadena de casos de corrupción que han involucrado a destacados dirigentes populares ha penalizado severamente en la urnas al partido de la derecha española.
Un apoyo natural de los populares serían los centristas de Ciudadanos (C’s), pero la suma de ambos -163 diputados- se queda todavía a 13 escaños de la mayoría absoluta, y no hay otro potencial socio que pueda aportar los votos que faltan.
Ciudadanos, que irrumpe en el Congreso de los Diputados con un amplio grupo de 40 diputados, algo menor de lo que le pronosticaban las encuestas más optimistas, ha dejado claro que no pactará en ningún caso con la derecha nacionalista catalana o vasca, porque quiere “romper España”.
En el otro lado del espectro, una alianza de izquierdas entre el PSOE (90 escaños) y Podemos (69 escaños) tampoco llega a la mayoría absoluta (176 escaños), y necesitaría de la suma de varios partidos separatistas o radicales, lo que puede situar al líder socialista, Pedro Sánchez, ante una decisión fatal.
Sánchez, que hoy encajó el peor resultado electoral en la historia reciente de su partido, consideró que “España quiere izquierda y quiere cambiar”, pero admitió que “los españoles han decidido que la primera fuerza sea el PP”.
Podemos, un partido anti austeridad nacido hace apenas dos años, ha logrado más del 20 por ciento de los votos -en torno a cinco millones de sufragios- y se ha convertido en la primera fuerza en Cataluña y el País Vasco y la segunda en Madrid, Valencia, Navarra, Baleares y Galicia.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, uno de los triunfadores de la noche del 20D, aseguró que “España ha votado un cambio de sistema” y eso tiene una implicación “irrenunciable, imprescindible e inaplazable”, que es la reforma constitucional para convertir a España en un “estado plurinacional”.
Los 123 escaños conseguidos por el PP suponen, no obstante, una minoría de bloqueo que podría frenar cualquier reforma de la Constitución que pretenda llevarse a cabo sin el consenso de los conservadores.
El documental de la televisión pública francesa, grabado poco antes de la abdicación del Monarca, que TVE no quiere mostrar a los españoles.
Juan Carlos de Borbon /AP
Pocos mes antes de hacer pública su abdicación (en junio de 2014), Juan Carlos I concedió una extensa entrevista a la productora francesa Cinétévé. La idea era elaborar un documental biográfico sobre la figura del monarca español. La cinta, en la que colaboraba Televisión Española, estaba lista para ser emitida en el primer aniversario de la abdicación, pero la cadena bloqueo su salida al aire. “Es un producto que no es actual. Trata de un rey que ya no es rey”, afirma un portavoz de RTVE.
Bajo el título Yo, Juan Carlos I, y dirigido por Miguel Courtois, el rodaje del documental se inició con el impulso del presidente de RTVE Leopoldo González Echenique, pero el actual equipo, al mando de José Antonio Sánchez desde octubre de 2014, puso más de una pega al proyecto.
La película arranca con las palabras del entonces rey Juan Carlos I cuando anunció su abdicación el 2 de junio de 2014. A partir de ahí, con idas y venidas en la historia, el narrador va contando su vida desde que llegó a Madrid desde Lisboa, siendo niño, en el Lusitania Express, hasta la proclamación de su hijo, Felipe VI, el 19 de junio del mismo año. Ni Courtois ni Debray sabían que el Rey iba a abdicar unos meses después mientras le grababan en la Zarzuela (no se lo podíamos decir, por razones obvias), pero don Juan Carlos y don Felipe sí lo sabían y en sus declaraciones se pueden deducir claves de lo que más tarde sucedió.
La forma elegida para la entrevista era especial. El Rey estaba sentado en la mesa de su despacho oficial e iba viendo imágenes de su vida en la televisión. Laurence Debray le preguntaba sobre esos momentos y él respondía a bote pronto; unas veces con palabras y otras con silencios. El Rey Juan Carlos habla con toda naturalidad ante las cámaras de Courtois y se muestra risueño a veces, tajante otras y triste y melancólico en muchas ocasiones; sobre todo, cuando habla de la trágica muerte de su hermano (“le echo mucho de menos”), o de las difíciles relaciones con su padre, don Juan de Borbón. “Ahora pienso que el acto de abdicación de mi padre tenía que haber sido más solemne y con más boato, porque se lo merecía”, dice el Monarca mirando a la cámara; “fue un hombre que renunció a todo por la democracia y laMonarquía”.
Se ríe el Rey cuando cuenta su primera reunión con el dictador Francisco Franco. “Me llamó para que fuera a verle a su despacho y yo entonces era un crío”, explica. “Él hablaba de no sé qué cosas y yo la verdad es que no le escuchaba, porque había un ratoncito corriendo por el suelo de su despacho y yo lo único que hacía era mirarlo. Él de se dio cuenta y me preguntó que qué pasaba y yo señalé al ratón y le dije que eso es lo que merecía mi atención”.
Más serio y tajante se pone cuando le preguntan por qué aceptó estar junto a Franco durante tantos años y heredar la Jefatura del Estado del dictador. “Si no hubiera aguantado lo que aguanté”, dice, “no habría sucedido lo que luego sucedió en España: la reinstauración de la democracia y de la Monarquía parlamentaria”.
La práctica cobra también con frecuencia vidas humanas; solo en los encierros de San Fermín, donde toros y hombres corren en competencia de agilidad y velocidad por las calles, han muerto 6 personas en 2015.
MADRID.- Siete mil 200 toros murieron en 2014 y seis personas fallecieron hasta hoy este año en la práctica de la tauromaquia en España, defendida por unos como tradición y considerada por otros una práctica cruel.
Según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el año pasado se realizaron en el país mil 868 actos de este tipo, entre ellos 398 corridas de toros, 348 novilladas sin picadores, 242 novilladas con picadores y 212 festejos de rejoneadores (toreros a caballo).
En términos de víctimas oficialmente se cuantificaron siete mil 200 toros muertos en 2014, aunque algunas fuentes estiman en 10 mil el número de animales que perecen al año si se suma los sacrificados en fiestas populares.
De otro lado, la práctica cobra también con frecuencia vidas humanas; solo en los encierros de San Fermín, donde toros y hombres corren en competencia de agilidad y velocidad por las calles, han muerto cerca de 20 personas desde el inicio de la práctica en 1922.
La muerte de un hombre de 36 años corneado en un encierro (carrera junto a toros y novillos) en Peñafiel (Valladolid) este fin de semana elevó a seis las víctimas humanas de las fiesta de toros en lo que va de año. El Partido Animalista, opuesto a las corridas, expresa que con su posición no niega la tradición sino su anquilosamiento, pues quienes aman la cultura desean su evolución.
Según la organización, en muchos países de Europa han desaparecido los espectáculos con animales realizados desde el medioevo porque su cultura fue capaz de transformarse.
Además de los 10 mil toros sacrificados al año, sus opositores argumentan que las subvencione a esa práctica rondan los 550 millones de euros.
Sin embargo, consideran que lo peor es la subcultura taurina de los festejos populares, en los cuales se matan y torturan animales como en El Escorial (Madrid), donde se atraviesan con lanzas toros recién nacidos, en medio del regocijo de adultos y niños.
En pueblos de Castellón, Tarragona, Teruel y Soria se registran los llamados toros de fuego, que consisten en mantener encerrado a un toro durante días sin comida ni agua, para luego liberarlo y prender fuego a bolas de brea colocadas en sus cuernos.
En poblaciones de Alicante se tiran los toros al mar y en Valladolid y Guadalajara se persigue con tractores y vehículos al animal que, herido, termina su vida apedreado y acuchillado.
Frente a los críticos, los defensores de la tauromaquia esgrimen la tradición, el beneficio económico de la práctica y consideran que con la prohibición se intenta discriminar a quienes defienden una práctica de la esencia española.
De hecho, la polémica entró ya en lla política y se integra a los debates electorales de diferentes zonas del país, donde los defensores de los toros parecen ganar espacio paulatinamente, si bien la batalla final aún no está decidida.
A partir de mañana entrará en vigencia la polémica normativa probada en marzo con el apoyo del único respaldo del gobernante Partido Popular (derecha).
Diputados de oposición protestan contra la Ley de Seguridad Ciudadana en el Congreso Español (EFE)
Madrid.-España se convertirá a partir de este martes en un país en el que las manifestaciones estarán prohibidas y serán objeto de multas millonarias.
El gobierno del derechista Mariano Rajoy aprobó gracias a la mayoría absoluta de su Partido Popular (PP) la polémica Ley Mordaza, que entró en vigor a partir de este día tras superar todos los trámites parlamentarios y legales necesarios. Con ella, el gobierno pretende acallar la protesta social y criminalizar a los colectivos sociales más activos en los últimos años en la lucha contra las políticas de austeridad.
Al entrar en vigor la nueva Ley General de Seguridad Ciudadana se endurecen las sanciones y se restringen a lo ancho y a lo largo los actos y convocatorias para denunciar o protestar. Para la mayoría de los colectivos sociales y de todos los partidos de oposición; se trata de una ley “mordaza”, con tintes “franquistas” que pone en evidencia la “desesperación, torpeza y nerviosismo” del gobierno español ante el descontento social hacia a sus políticas de austeridad y los recortes a los servicios públicos básicos.
A partir de este martes, cualquier ciudadano, nacional o extranjero, que realice actos de protesta o convoque a una marcha en las inmediaciones del Congreso de los Diputados o de cualquier sede gubernamental podrá estar sujeto a una multa de hasta 600 mil euros (10 millones de pesos).
También se sancionará a quien realice plantones en calles centrales, fotografíe, filme o difunda imágenes de policías, quien lleve a cabo acciones de boicot o protesta en centrales nucleares o aeropuertos, como lo a hecho en numerosas ocasiones la organización ecologista Greenpeace. Y así hasta una larga lista en la que se detalla tanto el acto sancionable como la potencial multa, que será de entre entre los 600 euros hasta 600 mil euros.
La ley se aprobó tras un intenso periodo de protestas con la oposición unánime de los demás grupos parlamentarios, que vieron en la nueva legislación una vulneración flagrante de los derechos básicos de manifestación y expresión, además de una forma de criminalizar a los colectivos sociales que han luchado en los últimos años contra los desahucios, las estafas bancarias o los recortes a los servicios públicos, sobre todo en los rubros de salud y educación. Pero además de intentar frenar a los activistas mediante las altísimas multas, la nueva legislación permitirá la llamada “devolución en caliente” de migrantes que crucen la frontera de Ceuta y Melilla y que podrán ser repatriados a Marruecos sin previa mediación de la justicia.
En materia del trato a los ciudadanos extranjeros, la nueva ley prohibirá a partir de ahora las llamadas “redadas indiscriminadas por razones étnicas”, que se realizaban sobre todo en los centros urbanos más importantes, y que consistían en detener e identificar a toda persona que por su aspecto físico pareciera extranjera. Estas redadas, que se instauraron durante el anterior gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, afectaban sobre todo a ciudadanos latinoamericanos y africanos.
Ante la entrada en vigor de la nueva ley, un grupo de activistas de Greenpeace realizó una protesta que no podrá ser penalizada, pues se efectuó horas después de que comenzó a funcionar la nueva legislación, y que consistió en colgar de una grúa enfrente del Congreso de los Diputados una enorme pancarta en la que se leía “Sin mordazas”.
En un comunicado, Greenpeace aseveró: “Esta ley carece de justificación, ya que no hay problemas graves de seguridad ciudadana en España. Está pensada para silenciar con multas las voces que critican la gestión del gobierno y las consecuencias de la crisis social, ambiental y económica producto de la corrupción, los recortes sociales y de derechos, o la privatización de los servicios públicos”, señaló en un comunicado la organización. Y añadió que “en la práctica, la nueva ley establece serias limitaciones a las libertades de expresión e información, de reunión pacífica y de asociación y ello contraviene las obligaciones internacionales del Estado Español en materia de derechos humanos”.
Greenpeace advirtió que “a partir de mañana serán las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el Ministerio de Interior quienes interpreten cómo debemos ejercer nuestros derechos de expresión y manifestación y dada la presunción de veracidad del testimonio de los miembros de la fuerzas de seguridad, se podrán atribuir conductas ilícitas a los ciudadanos sin que haya quedado probado que participaron en las mismas”.
La Plataforma No Somos Delito convocó a manifestaciones en varias ciudades españolas -en Madrid asistieron más de mil personas quienes rechazaron la legislación. Para la plataforma, el acento legal está puesto en parar las mareas ciudadanas: “Ambas medidas sancionan, prohíben y criminalizan prácticas tan normalizadas como parar un desahucio o asistir a una persona sin papeles. O lo que es lo mismo, castigan la pobreza, la solidaridad y la protesta, con lo que es una ley propia de sistema dictatoriales”, señaló el grupo.
Cristina de Borbón podría enfrentar ocho años de prisión por dos delitos fiscales
La infanta Cristina de Borbón (Gtres)
Madrid (EuropaPress).- El Rey Felipe de España ha ordenado en un comunicado que ha hecho público la Casa Real que sea revocado el uso del título de Duquesa de Palma a su hermana Cristina, imputada en el ‘caso Nóos’ que instruye el juez José Castro.
Imputada en el caso Nóos
La Audiencia española de Baleares ha formado ya el tribunal que juzgará la trama de corrupción en la que está imputada junto a su marido, Iñaki Urdangarin conocido como «el caso Nóos», con la infanta Cristina de Borbón como acusada ‘estrella’.
Cristina de Borbón se enfrenta a ocho años de prisión por dos delitos fiscales, tal y como le reclama la acusación popular representada por Manos Limpias.
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