Amnistía Internacional entrevistó a cien mujeres en diversas prisiones del país y 72 afirmaron haber sufrido actos de violencia sexual y 33 aseguraron haber sido abusadas sexualmente
Un soldado durante una ceremonia en la residencia presidencial mexicana / Ciudad de México (AP Photo/Rebecca Blackwell)
CIUDAD DE MÉXICO – La policía y las fuerzas armadas mexicanas someten a menudo a mujeres a diversos actos de tortura y otros malos tratos con la finalidad de obtener la confesión de un delito y así elevar las cifras de detenidos como parte de la estrategia de seguridad empleada por el Gobierno, revela un estudio realizado por Amnistía Internacional. El organismo entrevistó a cien mujeres en diversas prisiones del país y 72 afirmaron haber sufrido actos de violencia sexual en el momento del arresto o en las horas siguientes, mientras que 33 aseguraron haber sido violadas.
La investigación revela que como parte de la denominada guerra contra el narcotráfico, es frecuente que las mujeres sean aprehendidas durante arrestos en grupo y acusadas de ser novias de delincuentes y cómplices de actos delictivos, sin que existan pruebas sólidas que respalden esas acusaciones.La mayoría de las detenciones fueron llevadas a cabo por la Policía Federal, seguida por la Policía Estatal, el Ejército y la Marina. En el 33% de los casos las acusaron de formar parte de grupos de la delincuencia organizada, en el 23% de delitos de narcotráfico, en el 22% de secuestro y en el 14% de posesión ilegal de armas de fuego.
El documento titulado “Sobrevivir a la muerte, tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México” destaca que algunas de las formas de violencia infligidas a las mujeres consisten en fuertes golpes en el estómago, la cabeza y los oídos, amenazas de violación contra las mujeres y sus familias, semiasfixia, descargas eléctricas en los genitales, manoseo de los pechos y pellizcos en los pezones, violación con objetos, con los dedos, con armas de fuego y con el pene. “Durante las entrevistas describían algún tipo de acoso sexual o abuso psicológico, incluidas amenazas e insultos misóginos y sexualizados”, se agrega en el informe.
Las mujeres se han convertido en un blanco fácil para las autoridades, explicó Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Muchas de las detenidas proceden de entornos marginados, no cuentan con una pareja y tienen bajos niveles de escolaridad, lo que las vuelve más vulnerables. “Los casos de estas mujeres dibujan un cuadro absolutamente escandaloso que refleja el nivel de tortura que sufren las mujeres en México, incluso para lo que se acostumbra en la región. La violencia sexual usada como tortura parece haberse convertido en parte habitual de los interrogatorios”, afirmó.
La brutalidad policiaca
En febrero de 2014 varios policías federales llegaron a la casa de Tailyn y se la llevaron sin una orden de aprehensión a una dependencia ministerial. Durante horas la mujer fue sometida a fuertes palizas y abusos sexuales, que le provocaron un aborto en las oficinas de la Fiscalía mexicana en la Ciudad de México donde estaba retenida. Tenía un embarazo de siete semanas. Dos médicos la examinaron y se limitaron a entregarle unos trozos de toalla de papel para que se los colocara dentro de la ropa interior. No le dieron medicamentos para el dolor y tampoco asentaron por escrito los golpes a los que había sido sometida.
Tailyn fue trasladada en avión a la ciudad de Tepic, Nayarit (noroeste de México), a una prisión federal. Cuando se levantó del asiento, dejó un inmenso charco de sangre, pero nadie la atendió. Una vez que llegó al reclusorio les dijo a los funcionarios penitenciarios que había sufrido un aborto. Ellos le respondieron con gritos. Unos cuatro días después le informaron que estaba acusaba de formar parte de una banda de secuestradores y le habían levantado cargos de delincuencia organizada. Pese a que denunció su tortura hace más de dos años, aún está a la espera de ser examinada por un médico forense oficial.
Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de los organismos locales, en 2013 se presentaron más de 12.000 denuncias de tortura y otros malos tratos en todo el país, donde el 30% de las posibles víctimas eran mujeres. Entre 2013 y 2014 se duplicaron las querellas por tortura presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) en México, pero sólo se ha abierto un número limitado de investigaciones.
La PGR registró en 2014 la recepción de 2.403 denuncias penales por torturas, pero no pudo informar a Amnistía Internacional de ni un solo cargo criminal que se hubiera presentado en estos casos. Previo a 2014 se había acusado a menos de cinco personas al año. Además desde 1991, sólo quince personas han recibido sentencia condenatoria por este delito.
A pesar de que un número alto de mujeres han denunciado violencia sexual por miembros de las fuerzas armadas, ni un solo miembro del Ejército Mexicano ha sido suspendido del servicio por violación o abuso sexual entre 2010 y 2015. En la Marina, sólo cuatro elementos han sido suspendidos en el mismo periodo. “No realizar investigaciones adecuadas ni llevar a los responsables ante la justicia transmite el peligroso mensaje de que violar a mujeres o utilizar otras formas de violencia sexual para obtener confesiones es admisible”, manifestó Guevara-Rosas.
Durante la investigación de Amnistía Internacional, las autoridades mexicanas negaron acceso a información crucial, denunció el organismo. La Secretaría de Gobernación impidió a la delegación el acceso a un gran número de mujeres bajo custodia y en algunas ocasiones negó el ingreso en un centro penitenciario. Además, representantes del Ejército y la Marina rechazaron las solicitudes a fin de tener reuniones sobre el tema.
“Cuesta creer el afán con que México encubre su crisis nacional. En lugar de intentar encubrir miles de casos de tortura y otros malos tratos, las autoridades deberían centrar sus energías en garantizar la erradicación definitiva de la tortura garantizando el enjuiciamiento de los responsables y reparaciones adecuadas a las víctimas”, afirmó la directora para las Américas.
El presidente de Cuba, Raúl Castro, El presidente de Colombia , Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias «Timochenko«, quienes se estrecharon la mano bajo el aplauso de los asistentes / EFE
LA HABANA – El Gobierno de Colombia y las FARC firmaron el pacto para preparar el fin del conflicto en Colombia, que incluye el cese al fuego bilateral y definitivo, la dejación de armas, garantías de seguridad y el mecanismo de refrendación de los acuerdos de paz.
Tras ser suscrito por los negociadores del Gobierno y de la guerrilla y los representantes de los países garantes y acompañantes, el presidente de Cuba, Raúl Castro, entregó el documento a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, y al líder de lasFARC, Rodrigo Londoño, alias «Timochenko«, quienes se estrecharon la mano bajo el aplauso de los asistentes. (Para ver las fotos de la ceremonia, CLIC AQUÍ)
El cese al fuego y de hostilidades permitirá colgar los fusiles antes de que las partes firmen el acuerdo definitivo de paz y significa la renuncia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a su lucha armada de 52 años.
Es la primera vez desde 1984 que un gobierno de Colombia y el grupo guerrillero pactan un cese bilateral.
Sobre el cese el fuego bilateral ambas partes han acordado elaborar una hoja de ruta que contenga los compromisos mutuos para que en un plazo máximo de 180 días desde el acuerdo final de paz haya terminado el proceso de dejación de armas, según el comunicado conjunto leído en el acto de La Habana.
La dejación de armas por parte de la guerrilla se realizará a partir del acuerdo final en tres fases: el 30 por ciento en un plazo de 90 días a partir del acuerdo final, otro 30 por ciento a 120 días de la firma de la paz, y el 40 por ciento restante a 180 días.
Ese procedimiento estará monitoreado y verificado por un equipo internacional coordinado por Naciones Unidas, organismo que «recibirá la totalidad del armamento de las FARC para destinarlo a la construcción de tres monumentos» acordados entre el Gobierno colombiano y la guerrilla.
Para el cumplimiento de la dejación de armas, el cese al fuego y de cara al tránsito de las FARC a la vida civil se crearán 22 «zonas transitorias de normalización» y 8 campamentos para la concentración de los guerrilleros, unas zonas que serán territoriales, temporales y transitorias.
El documento también establece que la salida de los combatientes de las FARC de sus actuales campamentos se realizará «sin armas y de civil».
El documento firmado es decisivo para el fin de cinco décadas de conflicto y supone la antesala del acuerdo final de paz entre las partes.
El Gobierno colombiano y las FARC suscribieron el pacto en un acto de alto nivel en La Habana con la presencia de seis presidentes latinoamericanos, como Michelle Bachelet y Nicolás Maduro, y el secretario general de la ONU, Ban Ki moon, entre otros invitados.
— Las negociaciones —
Las FARC mantienen desde hace 11 meses un cese unilateral del fuego, mientras que el Gobierno suspendió los bombardeos aéreos a los campamentos rebeldes, decisiones que permitieron una disminución significativa de los combates, de las víctimas y de los ataques a la infraestructura económica del país.
El Gobierno de Santos y las FARC están en la recta final de una negociación que se inició a finales del 2012 en Cuba con el propósito de acabar la violenta confrontación que ha dejado 220.000 muertos y millones de desplazados.
A pesar de los obstáculos en más de tres años de instalada la mesa de diálogo en Cuba, el Gobierno y el grupo rebelde lograron acuerdos previos sobre mecanismos para dar acceso a la tierra a los campesinos pobres, la transformación de la guerrilla en un partido político, justicia, lucha contra el narcotráfico, desminado y búsqueda de desaparecidos.
Las partes ahora se concentrarán en lograr un consenso para que los colombianos refrenden en las urnas el acuerdo definitivo de paz.
La ONU acordó enviar observadores internacionales para ayudar en la verificación del cese al fuego y la dejación de las armas, así como la reincorporación a la vida civil de las FARC, el principal grupo rebelde de Colombia conformado por unos 7.000 combatientes.
Tras más de 50 años de guerra, el conflicto armado más longevo de América llega a su fin
Combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) / AFP
LA HABANA – El Gobierno de Colombia y las FARC han anunciado la mañana del miércoles en un comunicado que han llegado con éxito «al acuerdo del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, la dejación de las armas; las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de Derechos Humanos, movimientos sociales o movimientos políticos». Tras más de 50 años de guerra, el conflicto armado más longevo de América llega a su fin.
Este texto es el paso previo al anuncio oficial que se hará mañana jueves, también en La Habana, en el que además de las dos delegaciones que negocian la paz desde hace más de tres años, asistirán el presidente Juan Manuel Santos, el secretario general de la ONU Ban Ki-Moon, quien estará acompañado por el presidente del Consejo de Seguridad y el presidente de la Asamblea General. Por Cuba, el presidente Raúl Castro, y por Noruega, el canciller, Borge Brende, los dos países garantes del proceso. También estarán en representación de los estados acompañantes, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet y el de Venezuela, Nicolás Maduro.
El acuerdo no implica que el cese se adopte de inmediato, ya que solo entrará en vigor tras el acuerdo definitivo al tratarse de un apartado del punto 3 del proceso, el del Fin del Conflicto. Queda por cerrar el apartado 6 que hace referencia a la implementación de los acuerdos, la verificación y la refrendación. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el pasado enero la creación de una misión política especial que supervisará y verificará el cese bilateral del fuego. Las tareas de supervisión durarán un año, con la posibilidad de extenderlas si lo piden el Gobierno y las FARC, y empezarán a contar tras la firma del acuerdo final de paz entre ambas partes.
A la espera de que se conozcan más detalles, el primer comunicado hace también referencia a «las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz».
Carlos Antonio Lozada, miembro de la delegación de la guerrilla en las negociaciones, ejerció de avanzadilla y desde primera hora de la mañana del miércoles comparte mensajes en su cuenta de Twitter con el hashtag en Twitter#ElUltimoDiaDeLaGuerra que se ha convertido en trending topic en Colombia.
LIMA, PERÚ (Reuters) – La populista de derecha Keiko Fujimori y el centroderechista Pedro Pablo Kuczynski empataban este domingo en el balotaje por la presidencia del Perú, según sondeos a boca de urna publicados al cierre de la votación, que hacen presagiar una batalla voto a voto por el triunfo.
Kuczynski mantenía una leve ventaja sobre su adversaria, aunque dentro del margen de error. Según la firma Ipsos, el economista obtendría el 50.4% de los votos frente al 49,6% de Fujimori. La encuestadora Gfk otorga 51.2% a Kuczynski y 48.8% a Fujimori. En tanto, la firma CPI da a Fujimori 51.1%, frente a un 48.9% para Kuczynski.
Pese a los ajustados resultados, Fujimori salió sonriente la tarde del domingo a saludar a sus simpatizantes concentrados frente a su centro de operaciones en un hotel de Lima. Los seguidores de Kuczynski, en tanto, aguardaban entre aplausos los resultados oficiales en los exteriores de su local de campaña. En ambos bandos, el ambiente es de fiesta.
Unos 23 millones de peruanos votaron el domingo en calma para elegir al nuevo presidente tras una larga campaña en la que hasta hace unos días la favorita era Fujimori. Sin embargo, en la última semana Kuczynski remontó y amenaza con arrebatarle la victoria.
Los primeros resultados oficiales se conocerán a las 02:00 GMT del lunes, en una contienda en la cual el fujimorismo pugna por volver al poder 16 años después de que el hoy preso padre de la candidata, Alberto Fujimori, huyera a Japón y renunciara por fax a la presidencia poniendo fin a su gobierno represor y corrupto (1990-2000).
Las autoridades de Colombia han quedado sorprendidas por los hallazgos que hicieron tras un megaoperativo en el barrio más peligroso de Bogotá, conocido como El Bronx.
La policia colombiana llevo a cabo un operativo para erradicar bandas del narcotráfico en el sector del Bronx en Bogotá / REUTERS
BOGOTÁ – A solo unas cuadras de la residencia oficial del presidente Juan Manuel Santos se extendía hasta el pasado sábado un territorio sin ley donde imperaba la barbarie ejercida por temibles bandas criminales dedicadas a la venta de drogas y que cometían desde secuestros hasta descuartizamientos, entre otros delitos.
Conforme avanzan las investigaciones y se van conociendo las historias de lo que acontecía desde hace años en «El Bronx», como se conoce a las dos calles en forma de «L» ubicadas en el centro de Bogotá, muy cerca también de la sede de la Policía Metropolitana, los colombianos se estremecen por el «infierno» que se había formado en el lugar.
En esas dos calles, coronadas por banderolas colgadas de lado a lado de la vía como un pueblo en fiestas, el Estado colombiano no existía. Las bandas habían montado su propia ley y el terror mandaba a su antojo.
Para poder entrar en esos escasos 500 metros cuadrados, 2.500 soldados y policías tuvieron que hacer una operación como si se encontrasen en una zona de combate en Irak.
Parapetados por escudos y en formación de combate se adentraron en «El Bronx» donde fueron recibidos a cuchillazos pese a su llegada por sorpresa.
«Esto no es un operativo en contra de los habitantes de la calle sino contra las organizaciones criminales (…) no vamos a permitir que organizaciones criminales armen una isla, una república independiente en la mitad de la ciudad», dijo el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.
Y no fue fácil pues las autoridades tuvieron que traer policías de otras ciudades ante los indicios de que algunos agentes de Bogotá estaban a sueldo de las bandas de «El Bronx» y les podían informar del asalto, según la Fiscalía.
Una vez recuperado el control emergió el infierno. Allí los «sayayines», sicarios de las bandas, ejercían de parapolicías con la mayor crueldad.
Si alguien robaba o se peleaba en el interior de un lugar donde el consumo de alcohol y drogas es moneda frecuente, se enfrentaba a su «autoridad».
Sin ningún temor, los delincuentes se llevaban a los infractores a casas de la zona y es ahí comienza la descripción del horror: palizas, torturas y, para terminar, eran descuartizados o entregados vivos a perros feroces que los devoraban.
Así lo han detallado las autoridades que han recabado horas de grabaciones en las que se ve la actuación de los delincuentes y en las que también se reflejan rituales satánicos y de magia negra.
En uno de esos vídeos difundidos en los últimos días se ve como se llevan a la fuerza a un joven que, al parecer, robó un poco de pan. Las autoridades reconocen que no han vuelto a tener noticias de él y no han encontrado tampoco sus restos.
De ese modo se mantenía con mano férrea una autoridad incontestable sobre los centenares de indigentes adictos de ese reducto del crimen.
El secuestro era otra de las lacras que se multiplicaban en una zona de la que fueron retiradas toneladas de basura en las que pululaban ratas y otros animales.
Cuando la Policía entró en ese gueto se encontró con un hombre encadenado y escondido tras una falsa pared porque aparentemente fue confundido por un «sapo» (soplón) cuando fue a comprar droga.
Conforme ha ido avanzando la investigación sobre «El Bronx», la Policía ha desvelado otras historias igual de impactantes, como la de un ciudadano holandés que tras quedarse sin dinero para pagar la droga que consumió fue retenido de la misma manera.
Su única vía de escape fue por los tejados, de donde fue rescatado por las autoridades mientras dos «sayayines» con armas de fuego que lo perseguían.
Pero quizá la historia más truculenta es la de los menores que iban los fines de semana en busca de fiestas y aventuras en los bares de «El Bronx», donde muchos quedaban atrapados por las adicciones y la falta de dinero. Niños de ambos sexos se veían entonces esclavizados por redes de prostitución que les sometían a abusos continuos por los que recibían una pequeña gratificación que reinvertían en más droga y más fiesta.
Entraban entonces en un círculo vicioso del que muchos no conseguían salir y que otros solo abandonaban por el empecinamiento de familiares que se arriesgaban en esas tenebrosas calles para rescatarlos. Tras la operación policial alrededor de un centenar de menores fueron rescatados y devueltos a sus familias.
Ahora Bogotá afronta otro reto: de «El Bronx» salió más de medio millar de indigentes, adictos la inmensa mayoría de ellos, que deambulan por las calles en busca de un lugar en el que recostarse mientras padecen el síndrome de abstinencia.
Un manifestante anti gubernamental en Caracas, Venezuela, Mayo 18 2016 / CARLOS BECERRA
La crisis en Venezuela se volvió perenne. La disputa entre el Congreso, controlado por la oposición, y el poder Ejecutivo ,encabezado por Nicolás Maduro, aunado a una muy aguda crisis económica tiene al país varado.
CARACAS – La estrategia de máxima confrontación del gobierno de Nicolás Maduro y la de la oposición antichavista solo tiene un desenlace posible a día de hoy: la colisión. Y eso porque unos y otros creen que les conviene que tenga lugar el choque de trenes debido a que de él consideran que saldrán victoriosos. La mediación internacional tiene difícil prosperar porque no existe un terreno abonado para ella y más bien predomina el guerracivilismo.
La oposición sueña con un referéndum revocatorio celebrado antes del 10 de enero que signifique el final del régimen chavista. Nicolás Maduro se ampara en su control de las instituciones y en que detrás de sí están las FFAA. Además espera que la oposición, desesperada por las trabas legales, acabe dando un peso en falso y rompa con la legalidad.
El llamado ésta semana del líder opositor Henrique Capriles a las fuerzas armadas a decidir si están con el gobierno o con la oposición es un síntoma de que ambas parte están decididas a rebasar el límite de la legalidad.
El analista Micheal Penfold sostiene que “el chavismo más moderado piensa que puede y debe posponer cualquier pronunciamiento hasta inicios del 2017, retrasar las elecciones de gobernadores, esperar un mayor desgaste del Presidente y, luego, presentarse como una alternativa viable para restaurar la gobernabilidad, sin necesariamente tener que convocar nuevas elecciones presidenciales. Según esta visión, ellos son un mal menor que el mundo opositor y la comunidad internacional tendrá que apoyar, al menos transitoriamente, y también que son el grupo llamado a restaurar la normalidad económica e institucional en Venezuela.
Dos estrategia frente a frente
El objetivo del régimen es impedir a toda costa que se celebre un Referéndum Revocatorio en el que seguramente resultarían derrotados. El presidente de la encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León, cree que “existe un montón de chavistas que no se sienten representados por el Gobierno… si el referéndum revocatorio se hiciera hoy, el presidente Maduro perdería”.
Por ello, el régimen lleva días alegando defectos de fondo y de forma en la recolección de firmas que ha llevado a cabo la oposición lo cual invalida el proceso.
El vicepresidente venezolano, Aristóbulo Istúriz, ha afirmado que no habrá un referéndum revocatorio: “Aquí Maduro no va a salir por referéndum porque primero aquí no va a haber referéndum. (…) Ellos saben que no va a haber referéndum porque, primero, lo hicieron tarde, segundo, lo hicieron mal, y, tercero, cometieron fraude”.
Sin salida institucional, la única opción para la oposición es presionar al gobierno de Maduro desde la calle. La Mesa de Unidad Democrática está aprovechando el descontento para aumentar la presión para la realización del referendo revocatorio.
“La oposición sabe que la protesta es el único mecanismo para escalar la presión, y el gobierno necesita detener esa tendencia”, dijo a la AFP el analista Benigno Alarcón.
El gobierno, desde que en diciembre perdió la mayoría en el legislativo, ha dejado sin margen de acción a la oposición gracias a que controla cuatro de los cinco poderes del Estado. A través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dominado por el chavismo, ya eliminó las facultades de control de la Asamblea sobre los poderes Judicial, Electoral y Ciudadano, y anuló una ley de amnistía para disidentes presos y otra de vivienda aprobadas por la mayoría opositora. Ahora todo indica que el TSJ rechazará la petición opositora de declarar ilegal el estado de excepción.
Por eso, el portavoz de la MUD, Carlos Ocariz, aseguró que a pesar de que el gobierno insiste en que el referendo no se llevará a cabo, el proceso dependerá de “la presión popular” sobre las autoridades: “Hay un poder electoral que, en teoría, es autónomo e independiente. A ese poder electoral es al que hay que obligar a que cumpla con su deber de ratificar el derecho del pueblo al referendo”.
En cierto modo parece como si el régimen estuviera conduciendo a la oposición a un callejón sin salida para que el antichavismo traspase los límites de la legalidad y pierda legitimidad. Istúriz, aludiendo a las firmas entregadas por la oposición para que se active el proceso, ha dejado entrever esa posibilidad: “Tendrán que matarnos a todos nosotros antes de darnos un golpe parlamentario”. Y en la oposición también son conscientes de hacia donde conduce todo este proceso.
“O se construye con votos una alternativa para rescatar al país o el Gobierno está forzando a un desenlace con la sangre del pueblo. No queremos violencia, pero Maduro apela a la ley de la selva”, ha sido la reflexión del líder opositor Jesús Chuo Torrealba.
La sombra del “Caracazo”
Pero esa estrategia es muy peligrosa porque puede desencadenar un estallido social en el que se aúne una elevada frustración política con la desesperación económica (250% de inflación, desabastecimiento) y social (altos niveles de inseguridad ciudadana).
Eso en Venezuela tiene un nombre propio: “Caracazo”. El “Caracazo” fue una explosión de rabia y violencia ocurrida en la capital venezolana en 1989 contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Se trata de un fenómeno que ha quedado en el adn político y que pende como una espada de Damocles sobre los gobiernos del país que temen que pueda repetirse.
En la actual coyuntura, la alta inflación, el desabastecimiento, la inseguridad ciudadana y la falta de liderazgo del gobierno de Nicolás Maduro (huérfano del carisma de Hugo Chávez) han creado un caldo de cultivo donde algunos empiezan a ver, y otros a agitar, el fantasma de la rebelión popular.
El “Caracazo” (que comenzó como un protesta contra la subida de impuestos decretada por el gobierno) causó miles de muertos, enormes pérdidas económicas, debido a los disturbios y asaltos que se produjeron, y condenó a muerte a un gobierno, el de Carlos Andrés Pérez y a un régimen, el de la IV República.
De hecho, el chavismo es hijo directo del “Caracazo”, legitimador último de la Revolución bolivariana como el propio Nicolás Maduro admitía en 2013: “Hoy tenemos que valorar que si efectivamente hace 24 años se dieron órdenes para usar las armas de la República contra el pueblo, luego, tres años después, esas armas de la República se alzaron contra la burguesía”.
“Todavía está fresca la huella de aquel lunes 27 de febrero, martes 28 de febrero y miércoles 1 de marzo de aquel año 1989, cuando un pueblo vivió horas históricas, un pueblo que se lanzó espontáneamente a las calles con un solo grito de libertad”, recordó Maduro. Al régimen chavista el recuerdo del “Caracazo” también le sirve para asustar y amilanar a sus enemigos y rivales.
En el subconsciente colectivo todavía perviven los recuerdos de aquellas jornadas en las que bandas de asaltadores recorrían una Caracas sin ley ni orden.
De producirse un estallido social, la gran duda es si las FFAA enfrentarán la revuelta, como en 1989, o tienen tan interiorizado el síndrome del Caracazo que no se enfrentarían “al pueblo”.
Nadie sabe qué o quién puede lanzar un balde de agua hirviendo a la olla en el momento más inesperado. Las condiciones para que la olla a presión de Venezuela estalle están dadas.
Reclamo de intelectuales argentinos y mexicanos. Dicen que un nuevo sistema de evaluación internacional beneficia a España.
El rey Felipe de España en el Congreso de la Lengua, hace un mes.
MAURO LIBERTELLA
La cuestión es quién dice, con peso legal, que una persona sabe hablar castellano y que sabe hablarlo lo suficientemente bien como para entrar a una Universidad, por ejemplo. Si eso se decide en América o en España. Porque quien pueda certificar este saber manejará también programas de estudio, bibliografía, dinero y poder.
En estos días un grupo de intelectuales, escritores, graduados de Letras y referentes del mapa cultural levantaron una voz de alerta por un acuerdo firmado entre la Universidad de Buenos Aires y el Instituto Cervantes de España –junto con la Universidad de Salamanca y la Universidad Nacional Autónoma de México–, para homologar una nueva certificación del español como lengua extranjera, el SIELE.
¿De qué se trata? En 2001, Argentina creó el CELU, un certificado que examina la habilidad en el uso del castellano, como lo hace el First Certificate en inglés. Argentina era el único país fuera de España que tenía un sistema así. Ahora, el SIELE pretende instalarse como el sistema internacional de la lengua española por excelencia. Quienes lo rechazan dicen que acá hay una pelea por la propiedad de la lengua. España quedaría como el evaluador privilegiado.
Jorge Fondebrider, creador del Club de Traductores Literario de Buenos Aires dice que “el acuerdo deja a los españoles y al Instituto Cervantes en hegemonía absoluta para juzgar lo que es el correcto castellano. Esto significa seguir la norma española y fortificar la marca ‘España’, que es algo que los españoles quieren, porque hay un mercado gigantesco en términos de venta de sistemas de aprendizaje, venta de diccionarios, etc.”.
Leonor Acuña, investigadora y docente que participó en la creación del CELU, dice que ese sistema se toma en 11 países y “es un certificado argentino que dialoga regionalmente. Fue muy de avanzada cuando empezamos. Hay que tener en cuenta que las cuestiones lingüísticas son muy sensibles, porque involucran la identidad de las personas. A mí me interesa cuestionar quién es el dueño de la lengua. Me parece bueno el debate sobre la lengua, no es útil dramatizar tanto algunas decisiones”.
Desde la UBA, Gabriel Capitelli, Secretario de Relaciones Internacionales, sostiene que el SIELE “tiene un perfil panhispánico” porque “contempla las diferentes variantes del español en los distintos países y regiones”. La UBA, dice, “se integra a este grupo de trabajo defendiendo su posición académica a través de los profesores de lengua de la Universidad”.
Según Capitelli, el CELU continúa y su actividad no interfiere con la del SIELE “que tiene una proyección internacional de las universidades de habla española mas grandes y prestigiosas del mundo”. Capitelli cree que el SIELE suma: “No sólo no dificulta, sino que incrementa la posibilidad de integrar investigaciones y nuevos conocimientos sin dejar de hacer nada de lo que se está haciendo; por el contrario, potenciándolo”.
La ciudad portuaria tiene una menor cantidad de partículas contaminantes que Ciudad de México, Sao Paulo, Santiago de Chile, Bogotá y Río de Janeiro.
Panorama de la avenida 9 de julio en la ciudad de Buenos Aires, Argentina / GETTY
BUENOS AIRES – Bogotá, Santiago de Chile, Ciudad de México y Sao Paulo encabezan el listado de grandes ciudades latinoamericanas con mayor contaminación en el aire. En el extremo opuesto, y haciéndole honor a su nombre, Buenos Aires presenta los niveles más bajos de smog a escala regional.
Si usted es porteño, respire tranquilo. Buenos Aires es la megalópolis con el aire más limpio de Latinoamérica. Así lo determinó un reciente estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ubicó a Ciudad de México, Bogotá, Santiago de Chile y Sao Paulo, en ese orden, como las ciudades latinoamericanas con mayores problemas de contaminación atmosférica.
Si bien el nivel de material particulado contaminante (PM10) de la capital argentina se ubica por encima de los 20 microgramos por metro cúbico (Ug/m³) que recomienda la OMS, su promedio (de 38 Ug/m³) es claramente inferior al que padecen las ciudades más contaminadas de la región, en particular, y del planeta, en líneas generales.
A nivel global, por caso, esas urbes se ubican en países como Turquía, China, India, Arabia Saudita, Pakistán e Irán (que bate todos los récords en Ahwaz, donde se registra un índice de 372 Ug/m³).
De acuerdo con la OMS, más que al éxito de las políticas ambientales implementadas o a la concientización poblacional el bajo grado de smog en el aire de Buenos Aires debe atribuirse a dos beneficiosas razones naturales: la ubicación geográfica dela ciudad (sobre la orilla occidental del Río de la Plata, en plena llanura pampeana), por un lado, y las condiciones meteorológicas habituales (clima templado y húmedo y vientos del sudeste y del sudoeste), por otro. La combinación de ambos factores promueve que la contaminación generada diariamente se disipe con facilidad sin provocar altas concentraciones.
Como contra-ejemplo puede citarse el caso de la Ciudad de México, que empieza por su misma ubicación a 2,240 metros sobre el nivel del mar, con 23% menos de oxígeno que a nivel de mar, lo que da por resultado una combustión incompleta de los automotores y se ubica en un valle cerrado, rodeado de montañas que reduce las masas de aire.
«Muchos centros urbanos están actualmente tan envueltos en aire sucio que la silueta de sus edificios es invisible«, lamentó Flavia Bustreo, directora general adjunta de la OMS, quien destacó el peligro de este aire para la salud.
El Senador brasileño Delcídio do Amaral fue arrestado en noviembre tras ser acusado de conspirar para ayudar a escapar del país a un exejecutivo condenado de Petrobras, la compañía petrolera de Brasil. / Agencia O Globo
Nota publicada por The New York Times
BRASILIA — El senador brasileño de cabello gris todavía tenía puesta la pijama cuando los agentes de la policía federal tocaron la puerta de su suite en el Royal Tulip, el hotel futurístico de lujo que sirve de fortaleza para la mayoría de la élite política en Brasil. Eran las 6:00 a. m.
Los agentes estaban armados con una grabación secreta que sonaba como la trama de una película hollywoodense de suspenso: el senador Delcídio do Amaral fue pillado detallando un complejo plan para que un petrolero atrapado en el gran escándalo de corrupción escapara del país en un avión privado.
Hasta el momento de su arresto en Brasilia esa mañana a finales de noviembre, Amaral, de 61 años, era el líder más poderoso del partido gobernante en el senado. Rápidamente buscó un acuerdo de cooperación, pero los fiscales lo dejaron en la cárcel durante semanas; llegaron a un acuerdo solo después de que el senador desacreditado ofreciera una asombrosa revelación tras otra, con las que traicionó a sus antiguos camaradas y acercó el gobierno de la Presidenta Dilma Rousseff al colapso.
“Sentí que había chocado contra un muro después de la veloz persecución”, recordó Amaral, quien fue liberado en febrero. “Me equivoqué, así que supuse que necesitaba una oportunidad para corregir los errores. Debes ser pragmático”.
Ya que su objetivo era hacer que Amaral se pusiera definitivamente en contra de Rousseff y su Partido de los Trabajadores, los investigadores consideraron que el nombre código de la operación fuera Catilina, al igual que el patricio renegado cuyas conspiraciones agitaron el Senado romano en el siglo I a. C.
Los relatos del senador acerca de sobornos colosales, acuerdos petroleros por debajo de la mesa y encubrimientos desesperados ⎯descifrados a partir de entrevistas, llamadas telefónicas interceptadas y después filtradas, así como documentos tribunales⎯ brindan un panorama excepcional de la forma en que un partido de izquierda que llegó al poder y juró acabar con la corrupción de una élite política privilegiada terminó adoptando las prácticas de sus predecesores. Su testimonio ha acelerado la crisis política de Brasil, en la que los gobernantes temerosos están dominando el arte de aferrarse al poder, grabándose en secreto y preparándose para el día en que ellos también se puedan encontrar en el lado equivocado de una redada policiaca, temprano en la mañana.
Incluso el juez, quien al principio fue proclamado por perseguir sin miedo a los poderosos, ahora es acusado de romper la ley por publicar evidencia de la investigación.
La agitación comenzó hace dos años cuando los fiscales descubrieron un complot dentro de la compañía petrolera nacional, Petrobras: los contratistas habían pagado cerca de 3 mil millones de dólares en sobornos a ejecutivos que a su vez canalizaron el dinero a las campañas de partidos en la coalición gobernante de Brasil. Casi 40 políticos, magnates de los negocios y comerciantes de dinero del mercado negro han sido encarcelados desde entonces, y se espera que la lista crezca; los fiscales investigan a los sospechosos, entre ellos los líderes de ambas cámaras del Congreso.
Los investigadores dicen que el escándalo de corrupción está entre los más trascendentales en los países en vías de desarrollo, y lo compararon con un terremoto que afecta a la élite más privilegiada del país. Se ha desenvuelto junto con retos económicos aplastantes, pues el aumento en los precios de los productos básicos han elevado el número de desempleados del 6,8 por ciento del año pasado, a 9,5 este año. Tan solo en 2015, Brasil perdió cerca de 1,5 millones de trabajos, un sorprendente giro inesperado después del crecimiento económico del país de 7,6 por ciento en 2010.
El doble golpe de la crisis política y económica ha devastado las ambiciones mundiales del país mas grande de América Latina en el peor momento posible: Brasil está luchando al mismo tiempo con una epidemia de defectos de nacimiento ligados al virus de Zika y se preparan para ser los anfitriones de los Juegos Olímpicos este verano.
Que el corazón del escándalo sea Petrobras, fundada en 1953 y rodeada por un aura nacionalista y mítica, solo ha multiplicado su propagación. La compañía es el centro de una red de compañías energéticas controladas por el Estado y bancos que conforman la piedra angular de la economía brasileña, pues proyectan poder en todo el país y el extranjero. También financió una variedad de programas artísticos, entre ellos, la orquesta sinfónica, grupos de baile moderno y exhibiciones de pinturas, actividades que la compañía ha recortado junto con sus propios empleos.
Los brasileños a menudo bromean acerca de las profundas raíces de la corrupción, y dicen que su origen es cuando el navegador portugués Pedro Álvares Cabral llegó en 1500, al llevar regalos como estrategia para reclamar tierras habitadas por indígenas. Tan solo hace un cuarto de siglo, otro presidente, Fernando Collor, fue obligado a renunciar por un escándalo de tráfico de influencias, lapsos que ahora parecen menores a la luz de la situación actual.
Los brasileños empezaron a entender lo generalizada que se había vuelto la corrupción cuando el senador Amaral comenzó a destruir al gobierno que alguna vez apoyó lealmente.
Testificó que Luiz Inácio Lula da Silva, el expresidente y fundador del Partido de los Trabajadores, se había arreglado para comprar el silencio de un empresario condenado por operar una estrategia de compra de votos.
Sostuvo que el vicepresidente Michel Temer, quien está maniobrando para impugnar a la Presidenta Rousseff, estuvo involucrado en una operación de compra de etanol ilegal. También señaló a Aécio Neves, el líder de la oposición que perdió por pocos votos la elección de 2014: reveló que su familia tenía una cuenta bancaria secreta en Liechtenstein. (Neves dijo que su madre había abierto la cuenta para pagar la escuela de sus nietos).
Antes de las revelaciones de Amaral, Rousseff había logrado quedar fuera del escándalo en gran medida jactándose de reforzar la independencia judicial al permitir que los fiscales persiguieran casos de corrupción en su propio partido. Después, el senador declaró que la presidenta le había instruido sabotear la investigación en Petrobras al persuadir a un juez de alto rango de que buscara la liberación de magnates de la construcción acusados de corrupción.
Tanto Rousseff como Da Silva dicen que Amaral está mintiendo. Rousseff dijo en una entrevista reciente que no había sabido de la corrupción en Petrobras, a pesar de fungir como su presidenta de 2003 a 2010, cuando ganó las elecciones presidenciales, un periodo cuando la corrupción estaba prosperando. También insiste en que sus campañas no obtuvieron financiamiento ilegal.
Amaral, a quien líderes de todo el espectro han tachado de fabulista, sonrió en las entrevistas como un Gato de Cheshire. Ya que es un talentoso orador, mezcla sus relatos con dichos de Pantanal, los vastos pantanos donde su familia tiene un rancho ganadero. Al buscar maneras para explicar el torbellino político, en algún momento recitó un verso de una vieja canción brasileña.
“Solo estoy haciendo mi parte para ayudar a la república”, dijo el senador.
Un actor embauca a un senador
Amaral dice que, en retrospectiva, reconoce que jamás debió confiar en Bernardo Cerveró, un joven actor en aprietos proveniente de Río de Janeiro.
El senador, quien fue director de gas y energía en Petrobras de 2000 a 2001, dijo que había acordado reunirse con Cerveró, de 34 años, en noviembre por su amistad con el padre del actor, Nestor, quien fue condenado a prisión por cargos de corrupción cometida mediante su propio puesto en la compañía petrolera. Cerveró un actor joven en un colectivo de teatro experimental, grabó a escondidas en su teléfono la conversación en el Royal Tulip, el hotel con forma de herradura donde el senador vive en Brasilia.
Amaral primero le aseguró a Cerveró que convencería a los jueces en la corte más alta de Brasil para que liberaran a su viejo amigo y lo pusieran en arresto domiciliario. Después explicó cómo arreglaría el pago a la familia Cerveró de 1 millón de dólares más un salario de cerca de 13.000 dólares al mes, el cual, sospechan los fiscales, era para asegurarse de que la familia no informara acerca de sus propios acuerdos en Petrobras.
Y Amaral expuso cómo ayudaría a Cerveró para que escapara a España, incluyendo detalles como desactivar su dispositivo electrónico de monitoreo. El actor sugirió un escape en bote, pero el senador dijo que un avión privado era preferible, y añadió: “La mejor manera de que se vaya es por Paraguay”.
Eso fue suficiente para que acusaran de obstrucción de la justicia a Amaral y André Esteves, el banquero multimillonario quien, según el senador, financiaría el viaje.
Antes de su arresto, Amaral era conocido en Brasilia como un hábil negociador entre bambalinas que aprovechaba su vasta experiencia en el negocio petrolero.
Educado por jesuitas y entrenado como ingeniero, trabajó en Países Bajos para el gigante energético Royal Dutch Shell a principios de los noventa. De regreso en casa, escaló la burocracia de la industria energética controlada por el gobierno en Brasil.
Fue mientras prestaba sus servicios en el Ministerio de Energía en 1993 cuando conoció a Rousseff, una funcionaria desconocida a cargo de las políticas energéticas en el estado sureño de Rio Grande do Sul.
“Conocí a Dilma durante un vuelo”, dijo, recordando sus primeros encuentros con Rousseff cuando estaba buscando renegociar la deuda de una utilidad eléctrica pública con las autoridades federales. “Es extremadamente agresiva. Siempre lo ha sido”.
Amaral se unió al Partido de los Trabajadores en 2001 y ganó un lugar en el Senado el año siguiente, cuando Da Silva ganó la presidencia.
Conforme Brasil se volvía más rico con el descubrimiento de campos de petróleo en lo profundo del mar, también Amaral lo hacía.
Algunos colegas en el Partido de los Trabajadores aún sienten repugnancia cuando recuerdan la fiesta de quince años que Amaral y su esposa ofrecieron en 2011 para su hija: los columnistas de sociales compararon el evento, en la ciudad de Campo Grande, con los bailes organizados por la nobleza europea y adularon cada magnífico detalle (240 botellas de Veuve Clicquot Champagne y un vestido hecho con cristales Givenchy para la cumpleañera).
En diciembre, mientras el senador se pudría en la cárcel, su viejo amigo de Petrobras, Nestor Cerveró, le dijo a los investigadores que Amaral se había embolsado un soborno de 10 millones de dólares en 2001, durante un acuerdo para comprar turbinas de Alstom, la compañía francesa de energía eléctrica.
Amaral negó esa y todas las acusaciones de que se había enriquecido ilegalmente, pues declaró: “No soy un hombre corrupto”.
Pánico en el Partido de los Trabajadores
Amaral fue el primer senador de turno en ser arrestado desde que Brasil restableció la democracia en los ochenta, y su encarcelamiento generó pánico e indignación en el Partido de los Trabajadores, que Da Silva y otros líderes sindicales fundaron en 1980 como respuesta a la dictadura militar brasileña.
La disposición del senador para traicionar a sus colegas solo provocó una certeza: más grabaciones secretas estaban a punto de enriquecer la saga del callejón sin salida de la política brasileña.
Poco después de su arresto en el Royal Tulip, el Ministro de Educación Aloizio Mercadante, uno de los asistentes de Rousseff de más alto rango, contactó a Eduardo Marzagão, un confidente de Amaral, y le ofreció ayudar a costear los gastos legales de su familia.
“Caray, Marzagão, tú dime cómo puedo ayudar”, dijo Mercadante. “Para eso estoy aquí, para ayudar”.
Desde luego, ignoraba que Margazão estaba grabando la llamada; los fiscales ahora también tienen a Mercadante en su lista de objetivos.
El ministro de Educación mantiene que estaba actuando por cuenta propia. Pero otras personas poderosas en el Partido de los Trabajadores también se estaban agilizando.
Jaques Wagner, el exdirector de personal de Rousseff, fue grabado mientras discutía la situación con Da Silva. Expresó alarma por el testimonio de Amaral acerca de que Rousseff estaba consciente de la corrupción ligada a la adquisición en 2006 de una refinería petrolera de Houston por parte de Petrobras.
“Jamás imaginé que fuera semejante escroto”, dijo Wagner, utilizando una popular grosería para describir a Amaral.
El juez y el expresidente
Durante más de un año, Sergio Moro, un juez que hizo campaña en el sur de Brasil, había pasado por alto la indagación de Petrobras. Aprovechó una nueva legislación anticorrupción que permitía a los acusados reducir sus sentencias en prisión a cambio de información, con lo cual ayudan a los fiscales a encarcelar a un personaje poderoso tras otro.
La indagación laberíntica terminó por llegar hasta Lula. Estaba claro que el expresidente se había beneficiado de conexiones con magnates al frente de las compañías de construcción, que le pagaron millones de dólares por dar discursos.
Entonces los fiscales encontraron que esas compañías habían pagado por renovar una hacienda cerca de São Paulo y un apartamento frente al mar en la ciudad de Guarujá, dos propiedades que, sostienen, él controla. (Da Silva niega ser dueño de alguna de las dos).
En la casa de campo, los agentes de policía encontraron una taza con el logo de Corinthians, el equipo de fútbol favorito de Da Silva, que tenía grabadas las palabras “Para el ilustre Presidente Lula”. La cava tenía botellas dedicadas al expresidente. Atracados en un muelle en el lago, había botes de pedal que tenían grabados los nombres de sus nietos, Pedro y Arthur.
Conforme los investigadores lo rodearon, Da Silva se sintió cada vez más alarmado, de acuerdo con las llamadas telefónicas que se interceptaron durante la indagación. Habló mal del Tribunal Federal Supremo, utilizó epítetos vulgares para describir a los líderes de ambas cámaras del Congreso y llamó a sus colegas en el Partido de los Trabajadores para que aumentaran la presión sobre los fiscales.
“¿Por qué no podemos intimidarlos?”, preguntó el expresidente a un congresista. Instruyéndolo sobre cómo irritar a un investigador, Da Silva dijo: “Necesita irse a dormir sabiendo que el día siguiente tendrá a 10 legisladores molestándolo en su casa, molestándolo en su oficina, enfrentando un caso en el Tribunal Federal Supremo”.
En otra conversación con un líder sindical, Da Silva, como los fiscales que lo persiguen, también recurrió a la historia antigua, específicamente el emperador acusado de comenzar el Gran Incendio de Roma en el año 64 d. C. para reconstruir la capital a su gusto.
“Soy la única persona que podría prenderle fuego a este país. Pero no quiero hacer lo que hizo Nerón, ¿sabes?”, comentó.
Conforme la presión aumentó, el acuerdo de culpabilidad de Amaral, con 255 páginas, se filtró en los medios noticiosos a principios de marzo, lo cual provocó una ronda de furiosas negaciones y movimientos desesperados. Rousseff nominó a Da Silva, su mecenas y predecesor, para que fuera director de personal, lo cual le daría amplias protecciones legales.
Durante algunas horas del 16 de marzo, el atrevido plan pareció funcionar.
El ‘juego de tronos’ de Brasil
Ese mismo día, el Juez Moro publicó grabaciones de las llamadas telefónicas de Da Silva con Rousseff y una variedad de políticos. Las llamadas describían a un expresidente que buscaba rescatar su narrativa heroica junto con una líder de turno que intentaba prevenir procesos acusatorios que ha comparado con un golpe de Estado en cámara lenta.
Los jueces del Tribunal Federal Supremo suspendieron la nominación de Da Silva. Pero el juez de voz suave también enfrentó recriminaciones por revelar conversaciones de la líder del país sin la autorización de la corte más alta, lo cual llevó a acusaciones de que su —alguna vez— admirada indagación se había vuelto una cacería de brujas partidista.
Mientras se desarrolla el caso legal, más aliados están abandonando a Rousseff con vistas a retener poder para sí mismos. Dicen que debería ser impugnada por violar las leyes fiscales al utilizar fondos de los bancos estatales para cubrir diferencias presupuestales.
Dirigidos por el Vicepresidente Temer, cuyo comportamiento críptico y reservado ha provocado que sus rivales lo comparen con un mayordomo en una película de terror, los centristas que apoyan la coalición de Rousseff se desintegraron la semana pasada.
En el Congreso, los legisladores acusados de una inmensa corrupción personal están acelerando el proceso de impugnación de la presidenta, quien no ha sido contaminada con declaraciones de enriquecimiento personal ilícito.
Amaral, a quien el comité de ética del Senado está intentando expulsar de su puesto, no ha observado el espectáculo desde los laterales. El 13 de marzo se subió a una motocicleta Harley-Davidson y se unió a cientos de miles de manifestantes contra el gobierno en São Paulo. Pero no se quitó el casco, preocupado de que la muchedumbre enfurecida pudiera reaccionar.
Días más tarde, durante una entrevista en la cómoda casa de campo en São Paulo donde ahora está bajo arresto domiciliario, Amaral recurrió a una canción para intentar capturar el levantamiento político que él ayudó a crear.
Específicamente, invocó la canción de 1978, “Cartomante”, de Ivan Lins, acerca de cómo la dictadura militar brasileña cazaba disidentes. Solo que en vez de disidentes que caen del posadero, hoy quienes caen son líderes de casi cada clase ideológica.
Viendo por la ventana, Amaral dio voz a la letra: El rey de diamantes está cayendo,
el rey de picas está cayendo,
el rey de tréboles está cayendo,
todos están cayendo,
nada queda.
“Así es”, dijo el senador. “Todos están cayendo juntos”.
La crisis política en Brasil se desde el 15 de marzo en una suerte de dramática telenovela que se acerca a un vertiginoso final
Un grupo de jóvenes protesta contra el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff en Brasilia, Brasil, 17, 2016. (AP Photo/Joedson Alves)
Carla Jimenez
BRASILIA – De alarma en alarma, Brasil se hunde a cada paso en el caos político, jurídico y social. El martes 15 de marzo el expresidente Lula da Silva aceptó el cargo de jefe de gabinete, pero el 17 de marzo media hora después de que tomara formalmente posesión de su nuevo cargo, un juez federal de Brasilia ordenaba anular el acto e invalidar cautelarmente el nombramiento. Aduce que la presidenta Dilma Rousseff comete un delito designándole porque le permite escapar de la justicia. Mientras, en Brasilia y São Paulo se suceden las protestas contra el Gobierno, en algunos casos con peleas y agresiones. Además, el reloj de la destitución parlamentaria contra Rousseff ha empezado a correr.
La decisión del juez Itagiba Catta Preta Neto, que en Facebook se ha retratado a sí mismo sonriendo en manifestaciones contra Rousseff y Lula con anotaciones insultantes contra ellos, dejó al país en suspenso, al Gobierno y a Lula noqueados y al sistema político instalado en una suerte de limbo jurídico. El Gobierno adelantó que va a recurrir el auto en cuanto reciba la notificación y otros juristas se apresuraron a asegurar que una segunda instancia judicial puede asimismo invalidar la acción del juez Catta Neto automáticamente. Pero la noticia volvía a colocar al país entero en el estado de estupefacción, sonrojo y parálisis del que no sale desde hace varios días.
El miércoles por la noche, la explosiva divulgación de una conversación entre Rousseff y el expresidente Lula grabada por la policía sacó a la calle a millares de personas para protestar. En el centro de São Paulo algunos pasaron toda la noche, cortando la avenida Paulista, la arteria más emblemática de la ciudad. En la charla grabada por la policía, que tenía pinchado el teléfono de Lula, Rousseff dice: “Te estoy mandando el papel para tenerlo ahí; úsalo sólo en caso de necesidad, porque es el acta [de ministro]”. Para los investigadores no hay duda: Rousseff trataba de proteger a Lula, sospechoso de estar involucrado en una de las ramificaciones del caso Petrobras, de acabar en la cárcel. Si la policía se presentaba en el último momento, antes de que Lula fuera oficialmente nombrado ministro (la ceremonia estaba prevista para ayer), bastaba con que el expresidente presentara el acta para comenzar a gozar del mayor grado de inmunidad que tienen los ministros de Brasil.
Así, quedaba ya fuera del radio de acción del juez federal Sérgio Moro, que es el que instruye el caso Petrobras, pasando a depender del más lento Supremo Tribunal Federal. El enfrentamiento entre Moro, convertido en una especie de héroe popular para la derecha y que acaba de recibir el apoyo corporativo de una asociación de jueces, y el Gobierno, del Partido de los Trabajadores (PT), explica buena parte de la caótica situación del país. Moro fue quien ordenó pinchar el teléfono de Lula —y posiblemente el de Rousseff—, el que mandó prender al expresidente el 4 de marzo y el que estaba dispuesto a encarcelarle.
Abucheos
Rousseff, en el discurso de toma de posesión de Lula, muy seria, negó la interpretación policial de la polémica frase y alegó que tanto el documento remitido al exmandatario como la charla obedecían a un asunto simple y burocrático: la eventualidad de que este, por motivos personales, no pudiera acudir a la ceremonia. La presidenta le enviaba el acta, sin firmar por ella, para que Lula lo firmase y lo remitiese a su vez. Después cargó contra el juez Moro, al que acusó de practicar métodos anticonstitucionales.
La ceremonia de posesión fue cualquier cosa menos conciliadora y se convirtió en un símbolo del clima incendiario que vive el país. Las protestas se sucedían en el centro de São Paulo, y en Brasilia, enfrente del Palacio, los gritos de “fuera, fuera” se oían en la sala donde el nuevo ministro firmaba solemnemente su nombramiento y, en el preciso momento en que Rousseff comenzó su discurso, un diputado asistente de la oposición, Major Olimpio, exclamó: “Qué vergüenza”. Rousseff se calló entonces. Y un grupo de espectadores favorables al Gobierno, entre gritos y abucheos, expulsaron al diputado. Los defensores de Lula y Rousseff prorrumpieron entonces: “No va a haber golpe, no va a haber golpe”, en referencia a que la presidenta no va a ser expulsada del poder.
El nuevo Gobierno de Rousseff-Lula —muchos en Brasil se preguntan ahora quién manda de verdad— nace ya agonizante, extremamente frágil, zarandeado desde todos los lados, mordido económicamente y amenazado con la destitución parlamentaria. Las votaciones decisivas que pueden acabar con Rousseff desde el Congreso se celebrarán a finales de abril y mayo. Para entonces, Lula, el encargado de negociar, tiene que haber reunido el número suficiente de diputados de los partidos considerados aliados para bloquear el proceso. No va a ser fácil. En un gesto explícito, el vicepresidente, Michel Temer, de uno de esos partidos teóricamente aliados, no acudió a la ceremonia de posesión. Todo un síntoma. Los idus del 15 de marzo se hicieron notar.
foreignpolicyesp.wordpress.com 