En 1992, el primer impeachment en América Latina apartaba de su cargo al presidente de Brasil, Fernando Collor de Mello, acosado por un escándalo de corrupción.
Fernando Collor de Mello fue destituido por el congreso de Brasil en 1992
Entre los senadores que podrían tener en sus manos el destino político de la presidenta Dilma Rousseff –si la Cámara de Representantes decide dar trámite a su juicio político– hay uno que probablemente entiende mejor que nadie lo que está sintiendo la mandataria brasileña.
Se trata del senador por el estado de Alagoas Fernando Collor de Mello, quien en diciembre de 1989 se convirtió en el primer presidente de Brasil electo por voto popular luego del fin de los gobiernos militares y el regreso de la democracia.
Y, tres años después, también en el primer mandatario en toda la región en ser sometido a un proceso de impeachment por causa de un escándalo de corrupción, el que eventualmente terminó costándole el cargo.
El escándalo estalló en mayo de 1992, con las explosivas revelaciones del hermano del propio Collor, Pedro, quien en una entrevista con la influyente revista Veja denunció un esquema de lavado de dinero y tráfico de influencias encabezado por el tesorero de la campaña del presidente.
Para ese entonces, el joven y atractivo mandatario ya había visto desplomarse su popularidad por causa de las medidas con las que infructuosamente había intentado combatir la hiperinflación que afectaba a la economía brasileña.
Y, en ese contexto, las cosas empezaron a complicársele muy rápidamente.
Protestas populares
La creación de una Comisión Parlamentaria de Investigación generó una avalancha de denuncias contra Collor, quien fue acusado de haber financiado ilegalmente su campaña y de pagar los gastos de su residencia con el dinero de las empresas fachada de Paulo César Farias, su polémico extesorero.
Y sus desmentidos fueron mortalmente torpedeados cuando se comprobó que un modesto auto Fiat Elba de su uso había sido pagado con dinero de las cuentas de Farias, así como por una explosiva entrevista con su chófer, Eriberto França.
Collor decidió entonces recurrir a la gente, la misma que tres años antes, con más de 35 millones de votos, lo había convertido en el presidente más joven de la historia brasileña. Y el 16 de agosto centenares de miles salieron a las calles.
No lo hicieron, sin embargo, vestidos con los colores de la bandera de Brasil en muestra de apoyo, como había pedido el mandatario.
Por el contrario: marcharon de negro para demandar su salida del gobierno, encabezados por numerosos estudiantes bautizados por la prensa como los «cara-pintadas».
Y durante las semanas siguientes, los brasileños descontentos siguieron manifestándose.
Una marcha del 19 de septiembre de 1992, por ejemplo, fue descrita por The New York Times como «la más grande en la historia de Brasil»: 750.000 personas que desafiaron la lluvia al grito de «¡Impeachment ya!».
Y en su cobertura de la movilización, el periódico estadounidense citó al entonces líder opositor Luiz Inácio Lula da Silva, a quien Collor había derrotado por un estrecho margen en los comicios presidenciales.
Lula decía: «No se puede negociar con un hombre que ha robado millones».
Para ese entonces, la Comisión Parlamentaria ya había concluido que más de US$6,5 millones habían sido transferidos irregularmente para financiar los gastos privados del mandatario.
Y diez días después, el 29 de septiembre de 1992, la apertura de un juicio político en contra del presidente de Brasil fue aprobado por la Cámara de Diputados.
Renuncia
Conforme a la ley, la cámara baja del parlamento brasileño procedió entonces a trasladar la acusación al Senado, que no encontró motivos para desestimarla.
Y cuando el Senado le notificó la decisión a Collor, el 2 de octubre, este quedóautomáticamente suspendido del cargo de presidente de la República por 180 días.
Su puesto fue asumido temporalmente por el vicepresidente, Itamar Franco. Y Collor de Mello ya nunca regresaría al Palacio de Planalto.
En su intento por detener el juicio político, el mandatario presentó su renuncia el 29 de diciembre de 1992.
Pero eso no evitó que el Senado siguiera adelante con el proceso deimpeachment, encontrándolo culpable.
Y, como resultado, el exmandatario perdió todos sus derechos políticos por ocho años.
El regreso
Humillado, Collor se marchó al exilio a Miami. Pero el camino hacia su rehabilitación empezó en 1994, cuando la justicia ordinaria lo absolvió de los cargos de corrupción pasiva en su contra.
En esa oportunidad, el Supremo Tribunal Federal determinó que la fiscalía no había podido probar las acusaciones.
Y el punto final a los procesos jurídicos vinculados con ese escándalo lo puso el mismo STF en abril de 2014, al absolverlo también de las acusaciones de peculado.
Para entonces, sin embargo, el expresidente ya había regresado a la vida política, consiguiendo ser electo senador por Alagoas –un pequeño estado en el este de Brasil– en 2006 y 2014.
Y en su página web, el tumultuoso período de su impeachment no merece más que un breve párrafo.
«Su estilo duro y arrojado y las medidas que adoptó no les gustaron a todos. Aislado por la clase política y sin apoyo del Congreso Nacional fue víctima de un juicio político, culminando con un impeachment, dos años después. Más tarde sería declarado inocente en un proceso conducido por el STF», se lee ahí.
Lo que no significa que Collor se ha mantenido alejado de los escándalos, pues es uno de los implicados en el escándalo «Lava Jato», que también involucra a Lula da Silva, si viejo rival.
Y ahora también podría tener un voto en el futuro político de la presidenta Dilma Rousseff.
El Senador brasileño Delcídio do Amaral fue arrestado en noviembre tras ser acusado de conspirar para ayudar a escapar del país a un exejecutivo condenado de Petrobras, la compañía petrolera de Brasil. / Agencia O Globo
Nota publicada por The New York Times
BRASILIA — El senador brasileño de cabello gris todavía tenía puesta la pijama cuando los agentes de la policía federal tocaron la puerta de su suite en el Royal Tulip, el hotel futurístico de lujo que sirve de fortaleza para la mayoría de la élite política en Brasil. Eran las 6:00 a. m.
Los agentes estaban armados con una grabación secreta que sonaba como la trama de una película hollywoodense de suspenso: el senador Delcídio do Amaral fue pillado detallando un complejo plan para que un petrolero atrapado en el gran escándalo de corrupción escapara del país en un avión privado.
Hasta el momento de su arresto en Brasilia esa mañana a finales de noviembre, Amaral, de 61 años, era el líder más poderoso del partido gobernante en el senado. Rápidamente buscó un acuerdo de cooperación, pero los fiscales lo dejaron en la cárcel durante semanas; llegaron a un acuerdo solo después de que el senador desacreditado ofreciera una asombrosa revelación tras otra, con las que traicionó a sus antiguos camaradas y acercó el gobierno de la Presidenta Dilma Rousseff al colapso.
“Sentí que había chocado contra un muro después de la veloz persecución”, recordó Amaral, quien fue liberado en febrero. “Me equivoqué, así que supuse que necesitaba una oportunidad para corregir los errores. Debes ser pragmático”.
Ya que su objetivo era hacer que Amaral se pusiera definitivamente en contra de Rousseff y su Partido de los Trabajadores, los investigadores consideraron que el nombre código de la operación fuera Catilina, al igual que el patricio renegado cuyas conspiraciones agitaron el Senado romano en el siglo I a. C.
Los relatos del senador acerca de sobornos colosales, acuerdos petroleros por debajo de la mesa y encubrimientos desesperados ⎯descifrados a partir de entrevistas, llamadas telefónicas interceptadas y después filtradas, así como documentos tribunales⎯ brindan un panorama excepcional de la forma en que un partido de izquierda que llegó al poder y juró acabar con la corrupción de una élite política privilegiada terminó adoptando las prácticas de sus predecesores. Su testimonio ha acelerado la crisis política de Brasil, en la que los gobernantes temerosos están dominando el arte de aferrarse al poder, grabándose en secreto y preparándose para el día en que ellos también se puedan encontrar en el lado equivocado de una redada policiaca, temprano en la mañana.
Incluso el juez, quien al principio fue proclamado por perseguir sin miedo a los poderosos, ahora es acusado de romper la ley por publicar evidencia de la investigación.
La agitación comenzó hace dos años cuando los fiscales descubrieron un complot dentro de la compañía petrolera nacional, Petrobras: los contratistas habían pagado cerca de 3 mil millones de dólares en sobornos a ejecutivos que a su vez canalizaron el dinero a las campañas de partidos en la coalición gobernante de Brasil. Casi 40 políticos, magnates de los negocios y comerciantes de dinero del mercado negro han sido encarcelados desde entonces, y se espera que la lista crezca; los fiscales investigan a los sospechosos, entre ellos los líderes de ambas cámaras del Congreso.
Los investigadores dicen que el escándalo de corrupción está entre los más trascendentales en los países en vías de desarrollo, y lo compararon con un terremoto que afecta a la élite más privilegiada del país. Se ha desenvuelto junto con retos económicos aplastantes, pues el aumento en los precios de los productos básicos han elevado el número de desempleados del 6,8 por ciento del año pasado, a 9,5 este año. Tan solo en 2015, Brasil perdió cerca de 1,5 millones de trabajos, un sorprendente giro inesperado después del crecimiento económico del país de 7,6 por ciento en 2010.
El doble golpe de la crisis política y económica ha devastado las ambiciones mundiales del país mas grande de América Latina en el peor momento posible: Brasil está luchando al mismo tiempo con una epidemia de defectos de nacimiento ligados al virus de Zika y se preparan para ser los anfitriones de los Juegos Olímpicos este verano.
Que el corazón del escándalo sea Petrobras, fundada en 1953 y rodeada por un aura nacionalista y mítica, solo ha multiplicado su propagación. La compañía es el centro de una red de compañías energéticas controladas por el Estado y bancos que conforman la piedra angular de la economía brasileña, pues proyectan poder en todo el país y el extranjero. También financió una variedad de programas artísticos, entre ellos, la orquesta sinfónica, grupos de baile moderno y exhibiciones de pinturas, actividades que la compañía ha recortado junto con sus propios empleos.
Los brasileños a menudo bromean acerca de las profundas raíces de la corrupción, y dicen que su origen es cuando el navegador portugués Pedro Álvares Cabral llegó en 1500, al llevar regalos como estrategia para reclamar tierras habitadas por indígenas. Tan solo hace un cuarto de siglo, otro presidente, Fernando Collor, fue obligado a renunciar por un escándalo de tráfico de influencias, lapsos que ahora parecen menores a la luz de la situación actual.
Los brasileños empezaron a entender lo generalizada que se había vuelto la corrupción cuando el senador Amaral comenzó a destruir al gobierno que alguna vez apoyó lealmente.
Testificó que Luiz Inácio Lula da Silva, el expresidente y fundador del Partido de los Trabajadores, se había arreglado para comprar el silencio de un empresario condenado por operar una estrategia de compra de votos.
Sostuvo que el vicepresidente Michel Temer, quien está maniobrando para impugnar a la Presidenta Rousseff, estuvo involucrado en una operación de compra de etanol ilegal. También señaló a Aécio Neves, el líder de la oposición que perdió por pocos votos la elección de 2014: reveló que su familia tenía una cuenta bancaria secreta en Liechtenstein. (Neves dijo que su madre había abierto la cuenta para pagar la escuela de sus nietos).
Antes de las revelaciones de Amaral, Rousseff había logrado quedar fuera del escándalo en gran medida jactándose de reforzar la independencia judicial al permitir que los fiscales persiguieran casos de corrupción en su propio partido. Después, el senador declaró que la presidenta le había instruido sabotear la investigación en Petrobras al persuadir a un juez de alto rango de que buscara la liberación de magnates de la construcción acusados de corrupción.
Tanto Rousseff como Da Silva dicen que Amaral está mintiendo. Rousseff dijo en una entrevista reciente que no había sabido de la corrupción en Petrobras, a pesar de fungir como su presidenta de 2003 a 2010, cuando ganó las elecciones presidenciales, un periodo cuando la corrupción estaba prosperando. También insiste en que sus campañas no obtuvieron financiamiento ilegal.
Amaral, a quien líderes de todo el espectro han tachado de fabulista, sonrió en las entrevistas como un Gato de Cheshire. Ya que es un talentoso orador, mezcla sus relatos con dichos de Pantanal, los vastos pantanos donde su familia tiene un rancho ganadero. Al buscar maneras para explicar el torbellino político, en algún momento recitó un verso de una vieja canción brasileña.
“Solo estoy haciendo mi parte para ayudar a la república”, dijo el senador.
Un actor embauca a un senador
Amaral dice que, en retrospectiva, reconoce que jamás debió confiar en Bernardo Cerveró, un joven actor en aprietos proveniente de Río de Janeiro.
El senador, quien fue director de gas y energía en Petrobras de 2000 a 2001, dijo que había acordado reunirse con Cerveró, de 34 años, en noviembre por su amistad con el padre del actor, Nestor, quien fue condenado a prisión por cargos de corrupción cometida mediante su propio puesto en la compañía petrolera. Cerveró un actor joven en un colectivo de teatro experimental, grabó a escondidas en su teléfono la conversación en el Royal Tulip, el hotel con forma de herradura donde el senador vive en Brasilia.
Amaral primero le aseguró a Cerveró que convencería a los jueces en la corte más alta de Brasil para que liberaran a su viejo amigo y lo pusieran en arresto domiciliario. Después explicó cómo arreglaría el pago a la familia Cerveró de 1 millón de dólares más un salario de cerca de 13.000 dólares al mes, el cual, sospechan los fiscales, era para asegurarse de que la familia no informara acerca de sus propios acuerdos en Petrobras.
Y Amaral expuso cómo ayudaría a Cerveró para que escapara a España, incluyendo detalles como desactivar su dispositivo electrónico de monitoreo. El actor sugirió un escape en bote, pero el senador dijo que un avión privado era preferible, y añadió: “La mejor manera de que se vaya es por Paraguay”.
Eso fue suficiente para que acusaran de obstrucción de la justicia a Amaral y André Esteves, el banquero multimillonario quien, según el senador, financiaría el viaje.
Antes de su arresto, Amaral era conocido en Brasilia como un hábil negociador entre bambalinas que aprovechaba su vasta experiencia en el negocio petrolero.
Educado por jesuitas y entrenado como ingeniero, trabajó en Países Bajos para el gigante energético Royal Dutch Shell a principios de los noventa. De regreso en casa, escaló la burocracia de la industria energética controlada por el gobierno en Brasil.
Fue mientras prestaba sus servicios en el Ministerio de Energía en 1993 cuando conoció a Rousseff, una funcionaria desconocida a cargo de las políticas energéticas en el estado sureño de Rio Grande do Sul.
“Conocí a Dilma durante un vuelo”, dijo, recordando sus primeros encuentros con Rousseff cuando estaba buscando renegociar la deuda de una utilidad eléctrica pública con las autoridades federales. “Es extremadamente agresiva. Siempre lo ha sido”.
Amaral se unió al Partido de los Trabajadores en 2001 y ganó un lugar en el Senado el año siguiente, cuando Da Silva ganó la presidencia.
Conforme Brasil se volvía más rico con el descubrimiento de campos de petróleo en lo profundo del mar, también Amaral lo hacía.
Algunos colegas en el Partido de los Trabajadores aún sienten repugnancia cuando recuerdan la fiesta de quince años que Amaral y su esposa ofrecieron en 2011 para su hija: los columnistas de sociales compararon el evento, en la ciudad de Campo Grande, con los bailes organizados por la nobleza europea y adularon cada magnífico detalle (240 botellas de Veuve Clicquot Champagne y un vestido hecho con cristales Givenchy para la cumpleañera).
En diciembre, mientras el senador se pudría en la cárcel, su viejo amigo de Petrobras, Nestor Cerveró, le dijo a los investigadores que Amaral se había embolsado un soborno de 10 millones de dólares en 2001, durante un acuerdo para comprar turbinas de Alstom, la compañía francesa de energía eléctrica.
Amaral negó esa y todas las acusaciones de que se había enriquecido ilegalmente, pues declaró: “No soy un hombre corrupto”.
Pánico en el Partido de los Trabajadores
Amaral fue el primer senador de turno en ser arrestado desde que Brasil restableció la democracia en los ochenta, y su encarcelamiento generó pánico e indignación en el Partido de los Trabajadores, que Da Silva y otros líderes sindicales fundaron en 1980 como respuesta a la dictadura militar brasileña.
La disposición del senador para traicionar a sus colegas solo provocó una certeza: más grabaciones secretas estaban a punto de enriquecer la saga del callejón sin salida de la política brasileña.
Poco después de su arresto en el Royal Tulip, el Ministro de Educación Aloizio Mercadante, uno de los asistentes de Rousseff de más alto rango, contactó a Eduardo Marzagão, un confidente de Amaral, y le ofreció ayudar a costear los gastos legales de su familia.
“Caray, Marzagão, tú dime cómo puedo ayudar”, dijo Mercadante. “Para eso estoy aquí, para ayudar”.
Desde luego, ignoraba que Margazão estaba grabando la llamada; los fiscales ahora también tienen a Mercadante en su lista de objetivos.
El ministro de Educación mantiene que estaba actuando por cuenta propia. Pero otras personas poderosas en el Partido de los Trabajadores también se estaban agilizando.
Jaques Wagner, el exdirector de personal de Rousseff, fue grabado mientras discutía la situación con Da Silva. Expresó alarma por el testimonio de Amaral acerca de que Rousseff estaba consciente de la corrupción ligada a la adquisición en 2006 de una refinería petrolera de Houston por parte de Petrobras.
“Jamás imaginé que fuera semejante escroto”, dijo Wagner, utilizando una popular grosería para describir a Amaral.
El juez y el expresidente
Durante más de un año, Sergio Moro, un juez que hizo campaña en el sur de Brasil, había pasado por alto la indagación de Petrobras. Aprovechó una nueva legislación anticorrupción que permitía a los acusados reducir sus sentencias en prisión a cambio de información, con lo cual ayudan a los fiscales a encarcelar a un personaje poderoso tras otro.
La indagación laberíntica terminó por llegar hasta Lula. Estaba claro que el expresidente se había beneficiado de conexiones con magnates al frente de las compañías de construcción, que le pagaron millones de dólares por dar discursos.
Entonces los fiscales encontraron que esas compañías habían pagado por renovar una hacienda cerca de São Paulo y un apartamento frente al mar en la ciudad de Guarujá, dos propiedades que, sostienen, él controla. (Da Silva niega ser dueño de alguna de las dos).
En la casa de campo, los agentes de policía encontraron una taza con el logo de Corinthians, el equipo de fútbol favorito de Da Silva, que tenía grabadas las palabras “Para el ilustre Presidente Lula”. La cava tenía botellas dedicadas al expresidente. Atracados en un muelle en el lago, había botes de pedal que tenían grabados los nombres de sus nietos, Pedro y Arthur.
Conforme los investigadores lo rodearon, Da Silva se sintió cada vez más alarmado, de acuerdo con las llamadas telefónicas que se interceptaron durante la indagación. Habló mal del Tribunal Federal Supremo, utilizó epítetos vulgares para describir a los líderes de ambas cámaras del Congreso y llamó a sus colegas en el Partido de los Trabajadores para que aumentaran la presión sobre los fiscales.
“¿Por qué no podemos intimidarlos?”, preguntó el expresidente a un congresista. Instruyéndolo sobre cómo irritar a un investigador, Da Silva dijo: “Necesita irse a dormir sabiendo que el día siguiente tendrá a 10 legisladores molestándolo en su casa, molestándolo en su oficina, enfrentando un caso en el Tribunal Federal Supremo”.
En otra conversación con un líder sindical, Da Silva, como los fiscales que lo persiguen, también recurrió a la historia antigua, específicamente el emperador acusado de comenzar el Gran Incendio de Roma en el año 64 d. C. para reconstruir la capital a su gusto.
“Soy la única persona que podría prenderle fuego a este país. Pero no quiero hacer lo que hizo Nerón, ¿sabes?”, comentó.
Conforme la presión aumentó, el acuerdo de culpabilidad de Amaral, con 255 páginas, se filtró en los medios noticiosos a principios de marzo, lo cual provocó una ronda de furiosas negaciones y movimientos desesperados. Rousseff nominó a Da Silva, su mecenas y predecesor, para que fuera director de personal, lo cual le daría amplias protecciones legales.
Durante algunas horas del 16 de marzo, el atrevido plan pareció funcionar.
El ‘juego de tronos’ de Brasil
Ese mismo día, el Juez Moro publicó grabaciones de las llamadas telefónicas de Da Silva con Rousseff y una variedad de políticos. Las llamadas describían a un expresidente que buscaba rescatar su narrativa heroica junto con una líder de turno que intentaba prevenir procesos acusatorios que ha comparado con un golpe de Estado en cámara lenta.
Los jueces del Tribunal Federal Supremo suspendieron la nominación de Da Silva. Pero el juez de voz suave también enfrentó recriminaciones por revelar conversaciones de la líder del país sin la autorización de la corte más alta, lo cual llevó a acusaciones de que su —alguna vez— admirada indagación se había vuelto una cacería de brujas partidista.
Mientras se desarrolla el caso legal, más aliados están abandonando a Rousseff con vistas a retener poder para sí mismos. Dicen que debería ser impugnada por violar las leyes fiscales al utilizar fondos de los bancos estatales para cubrir diferencias presupuestales.
Dirigidos por el Vicepresidente Temer, cuyo comportamiento críptico y reservado ha provocado que sus rivales lo comparen con un mayordomo en una película de terror, los centristas que apoyan la coalición de Rousseff se desintegraron la semana pasada.
En el Congreso, los legisladores acusados de una inmensa corrupción personal están acelerando el proceso de impugnación de la presidenta, quien no ha sido contaminada con declaraciones de enriquecimiento personal ilícito.
Amaral, a quien el comité de ética del Senado está intentando expulsar de su puesto, no ha observado el espectáculo desde los laterales. El 13 de marzo se subió a una motocicleta Harley-Davidson y se unió a cientos de miles de manifestantes contra el gobierno en São Paulo. Pero no se quitó el casco, preocupado de que la muchedumbre enfurecida pudiera reaccionar.
Días más tarde, durante una entrevista en la cómoda casa de campo en São Paulo donde ahora está bajo arresto domiciliario, Amaral recurrió a una canción para intentar capturar el levantamiento político que él ayudó a crear.
Específicamente, invocó la canción de 1978, “Cartomante”, de Ivan Lins, acerca de cómo la dictadura militar brasileña cazaba disidentes. Solo que en vez de disidentes que caen del posadero, hoy quienes caen son líderes de casi cada clase ideológica.
Viendo por la ventana, Amaral dio voz a la letra: El rey de diamantes está cayendo,
el rey de picas está cayendo,
el rey de tréboles está cayendo,
todos están cayendo,
nada queda.
“Así es”, dijo el senador. “Todos están cayendo juntos”.
La crisis política en Brasil se desde el 15 de marzo en una suerte de dramática telenovela que se acerca a un vertiginoso final
Un grupo de jóvenes protesta contra el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff en Brasilia, Brasil, 17, 2016. (AP Photo/Joedson Alves)
Carla Jimenez
BRASILIA – De alarma en alarma, Brasil se hunde a cada paso en el caos político, jurídico y social. El martes 15 de marzo el expresidente Lula da Silva aceptó el cargo de jefe de gabinete, pero el 17 de marzo media hora después de que tomara formalmente posesión de su nuevo cargo, un juez federal de Brasilia ordenaba anular el acto e invalidar cautelarmente el nombramiento. Aduce que la presidenta Dilma Rousseff comete un delito designándole porque le permite escapar de la justicia. Mientras, en Brasilia y São Paulo se suceden las protestas contra el Gobierno, en algunos casos con peleas y agresiones. Además, el reloj de la destitución parlamentaria contra Rousseff ha empezado a correr.
La decisión del juez Itagiba Catta Preta Neto, que en Facebook se ha retratado a sí mismo sonriendo en manifestaciones contra Rousseff y Lula con anotaciones insultantes contra ellos, dejó al país en suspenso, al Gobierno y a Lula noqueados y al sistema político instalado en una suerte de limbo jurídico. El Gobierno adelantó que va a recurrir el auto en cuanto reciba la notificación y otros juristas se apresuraron a asegurar que una segunda instancia judicial puede asimismo invalidar la acción del juez Catta Neto automáticamente. Pero la noticia volvía a colocar al país entero en el estado de estupefacción, sonrojo y parálisis del que no sale desde hace varios días.
El miércoles por la noche, la explosiva divulgación de una conversación entre Rousseff y el expresidente Lula grabada por la policía sacó a la calle a millares de personas para protestar. En el centro de São Paulo algunos pasaron toda la noche, cortando la avenida Paulista, la arteria más emblemática de la ciudad. En la charla grabada por la policía, que tenía pinchado el teléfono de Lula, Rousseff dice: “Te estoy mandando el papel para tenerlo ahí; úsalo sólo en caso de necesidad, porque es el acta [de ministro]”. Para los investigadores no hay duda: Rousseff trataba de proteger a Lula, sospechoso de estar involucrado en una de las ramificaciones del caso Petrobras, de acabar en la cárcel. Si la policía se presentaba en el último momento, antes de que Lula fuera oficialmente nombrado ministro (la ceremonia estaba prevista para ayer), bastaba con que el expresidente presentara el acta para comenzar a gozar del mayor grado de inmunidad que tienen los ministros de Brasil.
Así, quedaba ya fuera del radio de acción del juez federal Sérgio Moro, que es el que instruye el caso Petrobras, pasando a depender del más lento Supremo Tribunal Federal. El enfrentamiento entre Moro, convertido en una especie de héroe popular para la derecha y que acaba de recibir el apoyo corporativo de una asociación de jueces, y el Gobierno, del Partido de los Trabajadores (PT), explica buena parte de la caótica situación del país. Moro fue quien ordenó pinchar el teléfono de Lula —y posiblemente el de Rousseff—, el que mandó prender al expresidente el 4 de marzo y el que estaba dispuesto a encarcelarle.
Abucheos
Rousseff, en el discurso de toma de posesión de Lula, muy seria, negó la interpretación policial de la polémica frase y alegó que tanto el documento remitido al exmandatario como la charla obedecían a un asunto simple y burocrático: la eventualidad de que este, por motivos personales, no pudiera acudir a la ceremonia. La presidenta le enviaba el acta, sin firmar por ella, para que Lula lo firmase y lo remitiese a su vez. Después cargó contra el juez Moro, al que acusó de practicar métodos anticonstitucionales.
La ceremonia de posesión fue cualquier cosa menos conciliadora y se convirtió en un símbolo del clima incendiario que vive el país. Las protestas se sucedían en el centro de São Paulo, y en Brasilia, enfrente del Palacio, los gritos de “fuera, fuera” se oían en la sala donde el nuevo ministro firmaba solemnemente su nombramiento y, en el preciso momento en que Rousseff comenzó su discurso, un diputado asistente de la oposición, Major Olimpio, exclamó: “Qué vergüenza”. Rousseff se calló entonces. Y un grupo de espectadores favorables al Gobierno, entre gritos y abucheos, expulsaron al diputado. Los defensores de Lula y Rousseff prorrumpieron entonces: “No va a haber golpe, no va a haber golpe”, en referencia a que la presidenta no va a ser expulsada del poder.
El nuevo Gobierno de Rousseff-Lula —muchos en Brasil se preguntan ahora quién manda de verdad— nace ya agonizante, extremamente frágil, zarandeado desde todos los lados, mordido económicamente y amenazado con la destitución parlamentaria. Las votaciones decisivas que pueden acabar con Rousseff desde el Congreso se celebrarán a finales de abril y mayo. Para entonces, Lula, el encargado de negociar, tiene que haber reunido el número suficiente de diputados de los partidos considerados aliados para bloquear el proceso. No va a ser fácil. En un gesto explícito, el vicepresidente, Michel Temer, de uno de esos partidos teóricamente aliados, no acudió a la ceremonia de posesión. Todo un síntoma. Los idus del 15 de marzo se hicieron notar.
El Congreso de Brasil dijo que está estudiando la posibilidad de realizar un juicio contra la mandataria Dilma Rousseff.
El presidente de la cámara baja del Congreso brasileño aseguró que está analizando llevar adelante un juicio político contra Rousseff
BRASILIA.- El presidente de la cámara baja del Congreso brasileño, Eduardo Cunha, dijo hoy jueves que está analizando llevar adelante un juicio político contra Dilma Rousseff, admitiendo la posibilidad de una destitución del presidente en ejercicio por primera vez en casi 23 años.
Cunha, que es dirigente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), dijo que el procedimiento sería un retroceso para la democracia, pero agregó que espera recibir un análisis legal sobre el asunto en 30 días.
“Solicité otro análisis legal y estoy esperando a leerlo yo mismo para llegar a una conclusión”, dijo Cunha a periodistas.
Algunos legisladores de oposición han pedido un juicio político a Rousseff por supuestas irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral, vinculadas a un escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
El nombre de Cunha también se ha mencionado en la investigación que realiza el máximo tribunal de justicia brasileño sobre las prácticas de corrupción en la empresa.
Aunque en teoría el PMDB es parte de la coalición de gobierno, Cunha se ha jactado de las derrotas provocadas al Ejecutivo y su oposición se ha vuelto más enérgica cuanto más cercana está la posibilidad de que haya cargos formales.
Durante un desayuno con periodistas en la capital, Cunha incluso planteó la idea de que el PMDB pudiera salir de la coalición de gobierno antes de las próximas elecciones -que se realizarán en 2018-, insinuando que la decisión “no es imposible”.
En abril, Cunha había rechazado enérgicamente la posibilidad de realizar un juicio político contra la mandataria.
Fiscales federales acusan que un cartel de proveedores de Petrobras aplicaron sobrecostos por miles de millones de dólares a la empresa por grandes contratos, a cambio de sobornos a ejecutivos y políticos, incluyendo algunos miembros del Partido de los Trabajadores (PT) al que pertenece Rousseff.
En abril, la Policía brasileña arrestó al tesorero del PT. Joao Vaccari fue acusado de pedir donativos políticos por los sobornos.
La revista Veja reportó el mes pasado que el ejecutivo acusado de liderar el presunto cartel de firmas de ingeniería confesó haber realizado contribuciones a la campaña de reelección de Rousseff con dinero de los contratos con sobreprecios.
Rousseff y su partido han negado cualquier accionar impropio.
La Policía brasileña realizó el martes los primeros allanamientos a legisladores sospechosos de haber aceptado sobornos.
Los agentes incautaron lujosos vehículos de la casa del actual senador y ex presidente Fernando Collor de Mello, quien coincidentemente ha sido el ultimo presidente destituido en 1992.
La Comisión de la Verdad divulga su informa definitivo con 434 víctimas y 377 acusados.
El reporte de 2 mil páginas fue entregado a la presidenta Dilma Rousseff, quien en los años 70 fue torturada y encarcelada.
Dilma Rouseff llora al recibir el informe sobre los crímenes de la dictadura /AP
La Comisión Nacional de la Verdad divulgó este miércoles un informe condenatorio sobre las matanzas, desapariciones y torturas cometidas durante la dictadura militar de 1964-1985, y exhortó a procesar a los responsables.
El reporte de 2 mil páginas fue entregado a la presidenta Dilma Rousseff, quien en los años 70 era guerrillera marxista y fue capturada, torturada y encarcelada.
«Bajo la dictadura militar, la represión y la eliminación de los opositores políticos se convirtió en política de estado, concebida e implementada en base a decisiones tomadas por el presidente de la república y ministros militares», dice el documento.
La comisión «por lo tanto rechaza enfáticamente las explicaciones ofrecidas hasta hoy de que las violaciones a los derechos humanos no fueron más que unos pocos hechos aislados o excesos de unos cuantos soldados».
Los investigadores pasaron casi tres años revisando archivos, registros de hospitales y morgues e interrogando a las víctimas, sus familias y los supuestos culpables. El documento representa la revisión más completa en Brasil para arrojar luz sobre los abusos a los derechos humanos cometidos durante el régimen militar.
La comisión de siete miembros, creada por el Congreso y juramentada ante Rousseff en 2011, no tiene poderes procesales, y una ley de amnistía de 1979 aprobada por el régimen militar impide que los responsables sean juzgados y castigados. El informe reclama la anulación de la amnistía.
El documento detalla exhaustivamente la «práctica sistemática» de los militares de cometer detenciones arbitrarias y torturas, ejecuciones, desapariciones forzadas y el ocultamiento de cadáveres. Documenta 191 matanzas y 210 desapariciones atribuidas a las autoridades militares, como también 33 casos de desaparecidos cuyos cadáveres fueron hallados.
«Estas cifras por cierto no corresponden al total de muertes y desapariciones sino solo de casos que fue posible comprobar», dice el informe, y cita «los obstáculos encontrados durante la investigación, especialmente la falta de acceso a la documentación de las fuerzas armadas, que según se dijo oficialmente ha sido destruida».
Rousseff, notoria por su fortaleza de ánimo, perdió la compostura durante su discurso de presentación del informe en la capital Brasilia. El público le tributó una ovación de pie cuando hizo una pausa.
«Brasil merece la verdad. Las nuevas generaciones merecen la verdad. Y, sobre todo, quienes merecen la verdad son aquellos que perdieron a miembros de sus familias, amistades, compañeros y siguen sufriendo, como si volvieran a morir cada día de sus vidas», afirmó la presidenta, a veces cortándose a mitad de una frase luchando por contener las lágrimas. «Nosotros, que creemos en la verdad, esperamos que este informe contribuya a ese objetivo para que los fantasmas de un pasado triste y doloroso no puedan seguir refugiándose en el silencio».
Rosa Cardosa, abogada penal de Río de Janeiro y miembro de la comisión, dijo que documentar la represión del régimen militar a estudiantes, dirigentes sindicales, trabajadores de fábricas, tribus indígenas y otros calificados de subversivos es crucial para restañar las heridas en la sociedad brasileña.
«Creo que el informe nos ayuda a avanzar, a seguir adelante, a contribuir a que la sociedad comprenda este problema y le arroje luz», comentó Cardosa, quien durante el régimen militar brindó representación legal a prisioneros políticos, entre ellos a Rousseff.
El documento «da voz a las víctimas, a los sobrevivientes y las familias que fueron capaces de contar la historia de aquellas atrocidades», afirmó.
Los países vecinos de Brasil —Argentina, Chile y Uruguay— han investigado crímenes cometidos por los regímenes militares en la misma época, y han condenado y aplicado sentencias severas a altos funcionarios y militares.
Muchos observadores dudan de la voluntad política del gobierno para hacer otro tanto.
«No puede haber amnistía para los torturadores, y a fin de que estos sean responsabilizados por sus crímenes, la ley de amnistía debe ser modificada o anulada totalmente», opinó Elizabeth Silveira e Silva, que dirige el grupo Tortura Nunca Más.
Rousseff ha mantenido una presencia discreta en lo que respecta a las cuestiones vinculadas con la dictadura. Rara vez habla sobre los abusos que padeció durante su detención, cuando era atada y colgada cabeza abajo, golpeada en la cara y sacudida por golpes de corriente eléctrica.
Sus adversarios políticos han calificado a Rousseff de «terrorista» inclinada a orientar a Brasil hacia la extrema izquierda política.
Su pasado, sumado a un escándalo masivo de corrupción atribuido a su Partido de los Trabajadores, que involucró a la compañía petrolera estatal Petrobras, ha llevado a muchos a conjeturar que es improbable que promueva cambio alguno a la ley de amnistía.
Casi treinta años después del fin de la dictadura en Brasil, la Comisión de la Verdad (CNV) entregó su informe final a una conmovida presidenta Dilma Rousseff, víctima del régimen, y pidió anular la amnistía a los violadores de derechos humanos.
En dos años y siete meses de trabajo, la comisión registró 434 muertos o desaparecidos, víctimas políticas directas durante los denominados «años de plomo».
«Esos números no corresponden al total de muertos y desaparecidos. Son sólo los casos cuya comprobación fue posible en función del trabajo realizado y a pesar de los obstáculos en la investigación, en especial la falta de acceso a la documentación producida por las Fuerzas Armadas, oficialmente dada como destruída», dijo la CNV en las conclusiones de su informe final entregado el miércoles a Rousseff.
Para la comisión quedó ampliamente demostrado que las «graves violaciones» de derechos humanos perpetradas durante 21 años fueron una «política de Estado», rechazando la explicación de las Fuerzas Armadas de que fueron hechos aislados o excesos.
«Respetamos y reverenciamos a todos quienes lucharon por la democracia», dijo por su parte la presidenta, quien recibió el informe y derramó lágrimas durante su discurso al asegurar que las nuevas generaciones y las familias de las víctimas merecían la verdad porque, sin ella, «continúan sufriendo como si sus familiares murieran de nuevo».
La comisión fue creada en 2011 por la propia Rousseff, una exguerrillera que estuvo presa y fue torturada por el régimen militar y que también ha prestado su testimonio a este grupo de trabajo, al igual que sus colegas Luiz Inacio Lula da Silva y Fernando Henrique Cardoso, en calidad de víctimas de la dictadura.
Brasil no ha juzgado a los represores de la dictadura por una ley de 1979, ratificada en 2010, que amnistió a policías y militares que violaron los derechos humanos.
La presidenta Dilma Rousseff consigue la reelección con el 51,18% de votos; La izquierda se mantendrá en el poder hasta 2019
Dilma Rouseff junto al ex presidente Lula Da Silva
Brasilia.– Rousseff, una exguerrillera de 66 años que fue encarcelada y torturada en la dictadura brasilera, obtuvo 51,48% de los votos frente a 48,52% de su rival socialdemócrata, con las urnas escrutadas al 98,29%.
Según el Tribunal Superior Electoral (TSE) Neves no tiene chances de revertir el resultado.
«Muchas gracias» por la reelección: «#Dilmais4», escribió Rousseff en su cuenta en Twitter.
Con el país dividido prácticamente en dos, la elección era considerada un plebiscito de los 12 años del gobernante Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) en el poder.
Durante los ocho años de gobierno del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) y los cuatro de Rousseff, más de 40 millones de brasileños han salido de la pobreza e ingresado en la clase media gracias a subsidios para familias pobres, viviendas populares, enseñanza técnica gratuita y cuotas universitarias para negros y estudiantes de muy bajos ingresos.
Rousseff, de 66 años, fue sobre todo la opción de los electores del noreste del país, la zona más pobre que se benefició enormemente con estos programas.
Neves, un exgobernador y exsenador preferido por los mercados y con fama de playboy, que prometía dar un giro liberal a la economía para que el país vuelva a crecer, conquistó los votos de las clases media y alta del sur que reclamaban un cambio, menos intervención del gobierno en la economía y el fin de la corrupción. Pero no le alcanzó para vencer.
Tras un crecimiento espectacular de 7,5% en 2010, durante el primer mandato de Rousseff la séptima economía mundial ha registrado un magro crecimiento y hasta se frenó en el primer semestre de 2014. A esto se suma una elevada inflación (6,75% en 12 meses, por encima del techo de la meta oficial), aunque el desempleo aún se mantiene muy bajo, en 4,9%.
– Corrupción en primer plano –
El PT también ha sido cuestionado duramente por varios escándalos de corrupción, el último de ellos en la estatal Petrobras, la mayor empresa brasileña, donde fueron denunciados millonarios sobreprecios en contratos de varias constructoras para financiar al PT y a otros partidos y legisladores aliados.
En uno de los últimos giros de la campaña, la revista opositora Veja publicó el viernes el testimonio a la justicia de un acusado que aseguró que tanto Lula como Rousseff estaban al tanto de la corrupción en Petrobras, lo cual es negado tajantemente por ambos.
La presidenta ha asegurado que si es reelecta investigará «piedra por piedra» el escándalo en Petrobras, y anunció que demandará a Veja por «terrorismo electoral».
«La cuestión de Petrobras seguirá después de la elección. La sociedad termina esta elección con una división inédita en Brasil, y la corrupción alimenta ese sentimiento. Una victoria de Dilma Rousseff significa que la oposición intentará ahondar en esas denuncias», dijo a la AFP el analista político independiente André César.
Indignada por la corrupción de la clase política y la pésima calidad de servicios públicos como salud y educación, más de un millón de personas salieron a las calles de Brasil en junio de 2013 a reclamar cambios.
La popularidad de Rousseff -y de todos los políticos- cayó entonces a sus peores niveles, pero en poco más de un año la mandataria consiguió recuperarse, organizar en 2014 un Mundial de fútbol exitoso (aunque a un costo público muy elevado) y convencer a los brasileños de que le den cuatro años más en el Palacio de Planalto.
– Cuarta derrota para el PSDB –
Neves, nieto de un gran personaje de la transición democrática, Tancredo Neves, designado presidente en 1985 pero que falleció antes de asumir, acarició el sueño de concluir el camino de su abuelo, y por eso la derrota es tanto más dolorosa.
Primero, porque es el cuarto fracaso consecutivo de su Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB, centro), que gobernó el país por última vez entre 1995 y 2002 con Fernando Henrique Cardoso (FHC).
También, porque la campaña le ha traído más subidas y bajadas que una montaña rusa.
Era hace tres meses el rival más fuerte de Rousseff, hasta que fue derribado a un tercer lugar por la ecologista Marina Silva, que buscaba ser la primera presidente «negra y pobre» de Brasil tras reemplazar en agosto al presidenciable socialista Eduardo Campos, fallecido en un accidente de avión.
Neves resurgió no obstante de las cenizas y superó a la ecologista para ingresar al balotaje con 33,55% (frente a 41,59% de Rousseff).
Después -gracias al apoyo de Silva, que obtuvo 21,32% en la primera vuelta- llegó incluso a superar a Rousseff en los sondeos de opinión, hasta que la mandataria lo dejó atrás con una sofisticada campaña, también plagada de ataques personales
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